lunes. 29.04.2024

Miguel Ángel Rodríguez: “Ponemos límite, podríamos llegar a las 600.000 camas en vivienda vacacional con el marco vigente”

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, explica los pormenores del anteproyecto de Ley que modificará la regulación de la vivienda vacacional e invita a la ciudadanía a consultar el documento y a participar en el proceso de construcción de la futura norma que limitará cualitativa y cuantitativamente el denominado alquiler vacacional. Canarias, destaca, apostó por la moratoria turística en hoteles y en apartamentos, y, sin embargo, desde 2015,  “se han  han creado más de 220.000 camas; el equivalente a 440 hoteles de 500 plazas. Si no se pone un límite, podríamos llegar a las 600.000 con el marco jurídico vigente”.

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Miguel Ángel Rodríguez

En fase de exposición pública el anteproyecto de Ley que regulará la vivienda vacacional en Canarias

 

Hasta el próximo 2 de mayo se podrán presentar alegaciones al anteproyecto de Ley que modificará la regulación de la vivienda vacacional en Canarias. Un documento vivo, de 58 páginas, “que se está construyendo”, y que precisa de la aportación de colectivos y ciudadanía para que recoja la sensibilidad de la sociedad, según explicó Miguel Ángel Rodríguez este martes en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.

Se fundamenta en que el suelo residencial “está al servicio del derecho a la ciudadanía a una vivienda digna adecuada y a precios asequibles,  y solo excepcionalmente, cuando se pueda, hacer un uso complementario adicional como la explotación turística”.

El director general hace especial hincapié en que el alquiler turístico, la explotación comercial de la vivienda, es una actividad económica que debe regularse y limitarse “porque el marco jurídico actual es absolutamente insuficiente, no tiene límites ni cuantitativos, ni cualitativos”, resaltó

Según el informe del Diputado del Común existen en torno a un millón 78.000 viviendas en Canarias “y con el decreto de 2015 serían susceptibles de trasvasarse, si no hiciéramos nada, del uso residencial al turístico”.

Con las cifras actuales, el 37% de la oferta alojativa turística del archipiélago ya es vivienda vacacional, con más de 220.000 camas y 54.000 inmuebles, “sin ningún tipo de exigencia cualitativa en términos turísticos”.

Rodríguez fue tajante al subrayar que la nueva ley no va a solucionar el problema de la vivienda en Canarias pero sí va a ayudar a frenar esta escalada que reduce el parque de vivienda residencial y que influye en los precios del mercado.

No se puede demonizar la actividad, insistió, ya que son muchos los factores que influyen en la falta de vivienda en el archipiélago comenzando por la falta de construcción de vivienda pública. En los últimos tres años no se ha construido vivienda pública en todo el archipiélago, denunció. Canarias no es capaz de producir, entre público y privado,  ni 3000 viviendas al año “por lo que, para reemplazar a las casi 54.000 viviendas residenciales que se han pasado al vacacional, necesitaríamos 18 años”.

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Vivienda Vacacional

 

5 años de tranquilidad a quienes “ya están”

 

Rodríguez lanzó un mensaje de tranquilidad a los propietarios de viviendas vacacionales “que ya están” porque durante cinco años, “pueden permanecer sin hacer absolutamente nada”.  A partir de ahí, con independencia de lo que determine el planeamiento municipal, deberán cumplir con una serie de requisitos como los vinculados a la sostenibilidad, a la lucha contra el cambio climático y a la accesibilidad.

Algunos de los más cuestionados en los últimos días son la exigencia de eficiencia energética A “que no la hemos puesto nosotros sino que viene determinada por la Ley de Cambio Climático aprobada por Canarias y que responde a la estrategia de lucha contra el cambio climático”.

En aras de un turismo inclusivo, accesible, de calidad y competitividad “los propietarios tendrán también que cumplir con unas normas mínimas de accesibilidad que redundarán, , en el confort del turista para que no tenga que cargar con una maleta y vaya golpeando todas las escaleras”.

Otras exigencias, también, relacionadas con las normas de convivencia de una actividad clasificada “porque todos los establecimientos de alojamiento turístico en Canarias están considerados actividades clasificadas”.

Además, las viviendas tendrán una antigüedad mínima de 10 años y más de 39 metros cuadrados de superficie útiles.

Deberán disponer, asimismo, de punto de corriente para recargar vehículos libres de emisiones o un punto de recarga a 500 metros a la redonda.

 

La ordenación pormenorizada, solución para ayuntamientos sin planeamiento

 

Los Ayuntamientos juegan un papel determinante y deben ejercer su responsabilidad a la hora de decidir el modelo de municipio que quieren.

Su competencia es irrenunciable, recalcó Rodríguez, quien reconocía también la situación en la que se encuentran los planes generales de ordenación urbana de los municipios majoreros, a excepción del de Puerto del Rosario más actual, que funcionan con normas subsidiarias desde hace años.

Como alternativa al planeamiento, el director general aboga por el impulso a la ordenación pormenorizada que las corporaciones locales pueden promover para determinar en qué lugares y cuántas viviendas vacacionales se admiten.

Una labor a desempeñar con medios propios, si los tuvieran, u otras vías como las encomiendas de gestión.

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Los ayuntamientos también deberán contestar a los Cabildos, que tendrán un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, para preguntar a las corporaciones locales sobre las declaraciones responsables de los titulares de las viviendas vacacionales para ver “si se han dado de alta y han cumplido el trámite de actividades clasificadas”.

Una manera de fiscalizar la actividad que se compaginará con la que realizarán los registradores de la propiedad.

La norma establecerá una encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad “y serán ellos los que, digitalmente, cotejen  nuestros datos del Registro General Turístico con sus datos y digan las presuntas irregularidades que se puedan estar cometiendo como si alguna vivienda de protección oficial o vivienda pública se destina a explotación turística o si alguna se encuentra en un Espacio Natural Protegido, por ejemplo”.

Son medios tecnológicos los que necesitamos y no más inspectores, recalcó, haciendo frente a las críticas de quienes aseguran que el documento adolece de medidas para vigilar la actividad.

 

Vivienda vacacional, rentabilidad del 278%

 

El director general de Ordenación y Promoción Turística recalca que esta norma no solucionará la falta de alquiler en el archipiélago pero sí establecerá unos límites a una actividad que resulta muy ventajosa y atractiva para los titulares de vivienda. Y es que la rentabilidad de una vivienda vacacional en Canarias, en algunos casos, alcanza el 278%.

Según la mayor asociación de vivienda vacacional en Canarias, ASCAV, la actividad genera en el archipiélago 2.700 millones de euros al año en ingresos, basados en datos de finales de 2023, con 45.000 viviendas en explotación. “Si dividimos los millones entre las viviendas, la renta media de una vivienda será de 60.000 euros al año, 5.000 al mes; ¿cómo va a competir el arrendamiento de larga duración con estas cifras que dan?”.

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Esta situación incentiva el desplazamiento del uso residencial al uso turístico e incide en el precio medio del arrendamiento.

Rodríguez fue muy crítico con los datos presentados por ASCAV ante el Diputado del Común en un informe, “donde no hay seriedad, no hay rigor”, sobre la capacidad de generación de empleo de la actividad.

Destacó que el alojamiento de la industria turística de Canarias genera, en todo el archipiélago, 75.000 cotizantes, “¿puede usted decirme si le resulta creíble que alguien diga que la vivienda vacacional genera 50.000 puestos de trabajo?”.

Si dividimos los millones entre las viviendas, la renta media de una vivienda será de 60.000 euros al año, 5.000 al mes; ¿cómo va a competir el arrendamiento de larga duración con estas cifras que dan?”.

Además, apuntó, trabajadores de limpieza en el sector hotelero y extrahotelero se regulan bajo el amparo del convenio hostelero remunerado con 22.500 euros/año mientras que el que aplican en vivienda vacacional, el convenio de oficinas, son 15.500 euros al año. “No hay color en el empleo y la fiscalidad que generala empresa hotelera, sea todo incluido o no, con el que genera la vivienda vacacional”, expresó.

 

Controversia, responsabilidad y valentía

 

Rodríguez reconoció que el anteproyecto de Ley está generando gran controversia y animó a la ciudadanía a informarse, acceder al documento y presentar alegaciones a través del canal de Participación Ciudadana del portal del Gobierno de Canarias.

Por último, instó también a las corporaciones a actuar con valentía y concluyó mostrando su orgullo por “estar al lado de una consejera valiente y responsable” que, a pesar de la fuerte oposición por parte de algunos sectores.

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