El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para expresar su “profunda preocupación” por la propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. El Ejecutivo canario advierte de que el nuevo modelo pondría en riesgo los 4.600 millones de euros asignados actualmente al archipiélago como región ultraperiférica (RUP), al dejar la gestión de los fondos en manos del Estado y eliminar la interlocución directa con Bruselas.
Clavijo denuncia que la propuesta supone “echar por tierra cincuenta años de política de cohesión”, al centralizar la distribución de los recursos y debilitar el reconocimiento específico de las RUP. Actualmente, Canarias recibe en el presupuesto vigente 2.730 millones de euros del FEDER y FSE, además de 1.878 millones del programa POSEI, destinado a compensar los sobrecostes de la agricultura y la pesca en territorios alejados.
El presidente insiste en que este cambio de modelo “rompe con la equidad” que ha caracterizado al proyecto europeo, dejando en manos de los Estados la decisión sobre el reparto de fondos sin una dotación predeterminada para las regiones más vulnerables.
Clavijo afirma que Canarias trabajará con el Gobierno español, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para modificar la propuesta y garantizar la continuidad de los fondos directos a las RUP, en aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Asimismo, solicita que se mantengan las dotaciones específicas en políticas de cohesión, agrarias y pesqueras, y que el próximo presupuesto europeo garantice la gestión de estos recursos “desde y con las regiones ultraperiféricas”.
La carta enviada a Von der Leyen se suma a la declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno de Canarias, en la que se rechaza de forma “absoluta” la propuesta actual del MFP 2028-2034 y se exige un planteamiento financiero justo y adaptado a la realidad del archipiélago.
El Ejecutivo autonómico advierte de que la eliminación del actual modelo supondría la pérdida del estatus diferenciado del POSEI, debilitando la capacidad de Canarias para impulsar la actividad agraria y garantizar la competitividad de sus producciones locales.
