El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado a los grupos parlamentarios su estrategia para reclamar al Estado recursos económicos que permitan activar en las islas un plan de choque destinado a proteger a las familias y al tejido empresarial ante el impacto del conflicto internacional.
Tras la reunión celebrada en el Parlamento de Canarias, el presidente destacó la necesidad de que el archipiélago actúe con una posición común para defender su derecho a contar con medidas de apoyo similares a las del resto del territorio estatal.
Según explicó, el Gobierno autonómico prevé desplegar su capacidad de negociación con el Ejecutivo central en los próximos días. En este sentido, ya ha solicitado reuniones con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El planteamiento del Ejecutivo canario parte de que el decreto estatal aprobado recientemente, con medidas urgentes para hacer frente a la situación internacional, no tiene efectos en Canarias debido a su régimen fiscal específico. Además, según indicó, podría suponer una reducción de unos 150 millones de euros en la financiación del archipiélago.
Ante este escenario, el Gobierno de Canarias plantea dos posibles vías: que el Estado compense económicamente a la comunidad autónoma o que se flexibilicen las reglas fiscales para permitir el endeudamiento necesario que permita financiar las medidas previstas.
Durante la reunión, el presidente y el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, expusieron a los grupos parlamentarios un conjunto de más de 20 medidas diseñadas para mitigar el impacto del aumento de los costes energéticos y de los bienes básicos.
Entre las acciones previstas se incluyen la reducción del IGIC al 0% en combustibles, la ampliación de productos básicos con tipo cero, la bonificación del Impuesto Especial sobre el Combustible para transportistas, así como ayudas directas como bonos energéticos y alimentarios dirigidos a las familias más vulnerables.
El presidente destacó que, en caso de no contar con financiación estatal o flexibilidad fiscal, la aplicación de este plan podría afectar a los recursos destinados a servicios esenciales como la sanidad o la educación.
La reunión contó con la participación de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que, según el Ejecutivo, mostraron mayoritariamente su respaldo a la estrategia planteada.
El encuentro se produce después de que el Consejo Asesor del Presidente, integrado por representantes empresariales y sindicales, apoyara también la hoja de ruta del Gobierno autonómico para reclamar financiación al Estado.
