El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ejecutivo central apoyo financiero para poder activar un escudo social propio que mitigue los efectos económicos derivados del contexto internacional, marcado por el encarecimiento del combustible y la inestabilidad geopolítica.
El presidente autonómico, Fernando Clavijo, trasladó esta petición tras una reunión con representantes de organizaciones empresariales y sindicales del archipiélago, en la que se abordó un paquete de 20 medidas diseñado por el Ejecutivo regional para proteger a familias y empresas.
Según explicó Clavijo, Canarias reclama al Estado que compense económicamente al archipiélago o, en su defecto, autorice la flexibilización de las reglas fiscales para permitir a la comunidad autónoma endeudarse y financiar estas medidas sin afectar a otros servicios esenciales.
El presidente y el vicepresidente, Manuel Domínguez, criticaron que el decreto estatal aprobado recientemente, que incluye unas 80 medidas con un presupuesto de 5.000 millones de euros, “olvida” a Canarias al no adaptarse a su realidad fiscal y económica. En este sentido, advirtieron de que, debido al Régimen Económico y Fiscal (REF), muchas de estas iniciativas tendrán un impacto limitado en las islas.
“Queremos que la población canaria esté igual de protegida que la del territorio peninsular”, señaló Clavijo, quien aseguró que no permitirá que las familias del archipiélago queden en situación de desventaja.
Un paquete de medidas adaptado a la realidad insular
Entre las acciones que el Gobierno de Canarias prevé poner en marcha destacan el uso del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para abaratar productos básicos, la aplicación del IGIC cero en determinados artículos de la cesta de la compra, la devolución del 99% del impuesto sobre el combustible a transportistas, así como ayudas al sector primario y bonos energéticos para las familias más vulnerables.
El Ejecutivo autonómico asegura que estas medidas han sido diseñadas para no entrar en conflicto con las aprobadas por el Estado, ya que en su mayoría se basan en instrumentos fiscales propios de Canarias.
Vigilancia del precio del combustible
Por su parte, el vicepresidente Manuel Domínguez informó de la puesta en marcha de un plan de vigilancia para controlar la evolución del precio de los combustibles en las islas. El Gobierno ha encargado un estudio específico para analizar el mercado y detectar posibles prácticas abusivas, además de realizar un seguimiento diario de los precios.
En caso de detectarse irregularidades, no se descartan sanciones ni la intervención de los organismos de competencia.
Apoyo del tejido económico y social
El Gobierno de Canarias ha destacado el respaldo de las principales organizaciones empresariales y sindicales del archipiélago, que se han sumado a esta estrategia para reclamar al Estado una solución que permita proteger la economía y el bienestar de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca anticiparse a los efectos de la situación internacional y garantizar que Canarias disponga de herramientas suficientes para afrontar el impacto económico de la crisis.
