El Gobierno de Canarias ha exigido al Estado y a las instituciones europeas la ampliación hasta diciembre de 2028 de los plazos de ejecución de los fondos Next Generation, con el objetivo de garantizar que no se pierdan proyectos clave vinculados a la transición energética y la descarbonización del Archipiélago.
La petición se ha trasladado de forma conjunta junto a representantes de FEMETE, FEMEPA, ASINCA, ACER, AEOLICAN, SORECAN y UNEF, que coinciden en señalar que el calendario actual hace inviable culminar con garantías muchos de los proyectos estratégicos en marcha, debido a su complejidad técnica, administrativa y a las singularidades propias de Canarias como región ultraperiférica.
Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que dirige Mariano H. Zapata, se subraya que el volumen de fondos gestionados y las características del territorio insular hacen imprescindible disponer de más tiempo. “El alcance de los fondos Next Generation y la singularidad de Canarias hacen necesario ampliar los plazos para evitar que proyectos estratégicos queden fuera”, afirmó el consejero, quien recordó que el Ejecutivo autonómico ha activado un plan de choque para acelerar la tramitación, aunque este podría resultar insuficiente sin una ampliación razonable.
Zapata insistió en que la solicitud no responde a una falta de compromiso, sino a la voluntad de cumplir con los objetivos europeos de manera eficaz. “Forzar los calendarios actuales puede derivar en ejecuciones parciales o precipitadas que comprometan la eficacia de las inversiones”, añadió.
Desde el ámbito empresarial e industrial, el presidente de la CREM y de FEMETE, Juan Antonio Jiménez Arranz, calificó la ampliación de plazos como “una necesidad objetiva” y advirtió de que imponer los calendarios actuales puede poner en riesgo tanto la calidad de las inversiones como la viabilidad de muchas iniciativas impulsadas por empresas canarias. En la misma línea, la presidenta de FEMEPA, Patricia Jiménez, subrayó que no se trata de ralentizar la transición energética, sino de “hacerla bien”, con marcos temporales realistas que eviten la pérdida de fondos y aseguren un impacto transformador duradero.
El presidente de ASINCA, Virgilio Correa, destacó que Canarias parte de una situación estructural distinta, marcada por la insularidad y la dependencia energética, lo que exige tiempos de ejecución adaptados a la realidad del territorio. “Apostar por más plazo no es rebajar la ambición, sino asegurar que la transición energética e industrial sea sólida y eficiente”, señaló.
Por su parte, los presidentes de ACER y AEOLICAN, Jesús Matilla y Raúl Macías, reclamaron que Canarias sea equiparada a la ampliación de plazos ya aplicada por el IDAE en su estrategia energética, como una muestra real de cohesión territorial con las regiones ultraperiféricas. Desde UNEF, la delegación en Canarias insistió en que adaptar los plazos es clave para que la inversión pública se traduzca en capacidad renovable real, empleo local y competitividad energética.
La reclamación fue trasladada durante una visita al municipio de El Rosario, en Tenerife, en la comunidad energética local El Rosario Solar, ubicada en el polígono industrial La Campana. Este proyecto ejemplifica el tipo de iniciativas que podrían verse comprometidas sin una ampliación de plazos, ya que cuenta con 12 millones de euros de fondos europeos para la descarbonización que, de mantenerse el calendario actual, deberían ejecutarse antes de 2026.
El Gobierno de Canarias y las organizaciones empresariales reiteran su disposición a seguir trabajando de forma coordinada para que los fondos Next Generation se traduzcan en resultados reales y duraderos, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a la transformación del modelo energético del Archipiélago.
