"Yo creo que nos queda todavía una legislatura más". Con esta previsión, el consejero Víctor Alonso sitúa el horizonte que, a su juicio, necesita Fuerteventura para avanzar en la equiparación de sus recursos sociosanitarios con los de las islas capitalinas. Un camino que pasa, fundamentalmente, por completar nuevas infraestructuras y ampliar unos servicios que siguen teniendo una demanda muy superior a la capacidad actual de respuesta.
El consejero pone como punto de partida el crecimiento experimentado durante este mandato. Según explica, el Cabildo comenzó la legislatura con 332 plazas vinculadas a la dependencia y su previsión es terminarla con 442 en funcionamiento. Aun así, reconoce que la respuesta continúa siendo insuficiente.
Actualmente, alrededor de 800 personas permanecen en lista de espera en los diferentes servicios de dependencia. Alonso calcula que al comienzo de la legislatura podían rondar las 1.000.
La cifra engloba distintas necesidades y recursos, desde plazas residenciales y centros de día hasta otros servicios contemplados dentro del sistema de atención a la dependencia.La valoración de la dependencia, recuerda, corresponde al Gobierno de Canarias, mientras que el Cabildo realiza en la isla las valoraciones de discapacidad.
En este último ámbito, Alonso sostiene que se ha conseguido reducir de manera importante la espera. En los últimos tres años se han valorado unas 2.400 personas y actualmente, según sus datos, quedarían menos de 200 pendientes.
"Puede tener un tiempo de respuesta de un mes y medio o dos meses máximo" mientras contrapone estos plazos con periodos anteriores en los que, asegura, la resolución podía demorarse un año o incluso año y medio.
Residencia de discapacidad y nuevo centro ocupacional, en el sur de Fuerteventura
La principal herramienta para ampliar la capacidad asistencial es el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias y de Respiro Familiar 2026-2031 elaborado por el Cabildo y trasladado al Gobierno de Canarias.
Entre los proyectos más avanzados se encuentra la residencia sociosanitaria de El Aceitún, en Gran Tarajal, con 60 plazas residenciales, 30 de estancia diurna y 12 de respiro familiar. Alonso sitúa su entrada en funcionamiento el próximo año aunque se muestra reticente a establecer una fecha.
A ella se suma el Centro de Día de Costa Calma, con 30 plazas. Según explica, la previsión es adjudicar la actuación en octubre y el plazo de ejecución será de 13 meses, por lo que calcula que podría estar terminada entre octubre y noviembre del próximo año.
La planificación contempla además una nueva residencia para personas con discapacidad y un nuevo centro ocupacional en el sur de la isla, una nueva residencia de mayores en Corralejo, en suelo cedido junto al centro Josefina Plá, y la ampliación de este último recurso en diez plazas. También se proyectan nuevos centros de día en Antigua y Betancuria, con capacidad para 30 plazas cada uno.
Una de las novedades que destaca Alonso es la creación de 13 pisos tutelados, con cinco plazas cada uno, que se distribuirán por diferentes núcleos y municipios de Fuerteventura y estarán destinados a personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia.
El consejero plantea, además, una evolución del modelo hacia una mayor atención de proximidad. Defiende reforzar los centros de día y los servicios que permitan que las personas puedan permanecer en su entorno el mayor tiempo posible, dejando el ingreso residencial para los casos en los que resulte necesario.
Entre 600 y 700 personas esperan por promoción de la autonomía personal
Uno de los servicios donde la brecha entre demanda y capacidad resulta más evidente es la promoción de la autonomía personal.
Alonso cifra entre 600 y 700 las personas que todavía permanecen pendientes de atención, incluso sumando los servicios prestados actualmente por el Cabildo y los recursos desarrollados por asociaciones del tercer sector.
El consejero utiliza precisamente estas cifras para defender la necesidad de aumentar la capacidad de atención y recurrir a fórmulas como el concierto social que impulsó la corporación, siendo la primera en hacerlo en el archipiélago.
La experiencia, sin embargo, no resultó todo lo positiva que se preveía y el asunto ha quedado judicializado después de que ODESOCAN denunciara ante Fiscalía que la entidad adjudicataria, Mundo Nuevo, no constaba como acreditada.
El consejero evitó durante la entrevista profundizar en aspectos del expediente judicialización e hizo hincapié en la tramitación técnica y jurídica, desarrollada por la administración.
Lo que sí dejó claro Alonso es que la entidad adjudicataria que presta el servicio "a día de hoy está acreditada", aunque no supo concretar en qué fecha se reconoció la acreditación.
Mientras se resuelve el asunto en los juzgados, el consejero de Asuntos Sociales insiste en que la dimensión de la lista de espera demuestra que existe margen para ampliar la prestación y para que diferentes entidades puedan participar en la atención.
Garantizar la financiación del tercer sector
Alonso dedica también una parte importante de su balance a la relación con las asociaciones y entidades sociales de Fuerteventura.El consejero asegura que, justo antes de la entrevista este lunes, había firmado cerca de 1,9 millones de euros en retenciones de crédito destinadas al tercer sector.
La decisión busca garantizar la continuidad de las actuales subvenciones nominadas hasta finales de 2027. Las cantidades se mantendrán, según explica, sin incremento, mientras la Consejería avanza en la elaboración de una convocatoria pública de carácter plurianual.
El departamento trabaja ya en unas primeras bases que serán remitidas nuevamente a las asociaciones para que puedan realizar aportaciones antes de continuar la tramitación y confía en tener la convocatoria pública preparada antes de las próximas elecciones.
Alonso cifra en aproximadamente 90 millones de euros el volumen económico movilizado por la Consejería durante los últimos tres años. Dentro de esa cantidad incluye más de 8,3 millones destinados al tercer sector, alrededor de ocho millones en convenios con los ayuntamientos y unos seis millones vinculados a vivienda, además de infraestructuras y contratos para la gestión de los diferentes servicios sociales.
Mejorar las condiciones del personal que trabaja en recursos sociosanitarios
Entre los retos que se plantea Alonso sitúa la mejora de las condiciones salariales del personal que trabaja en los recursos sociosanitarios, especialmente ante las diferencias retributivas con el Servicio Canario de Salud y las dificultades para retener profesionales. El Cabildo planteó incorporar un plus de 200 euros a estos trabajadores, aunque la iniciativa encontró obstáculos jurídicos al estar las retribuciones vinculadas al convenio colectivo del sector.
Alonso defiende ahora dos posibles vías. Por un lado, que los sindicatos impulsen esa mejora dentro de la negociación del convenio estatal o que el Gobierno de Canarias, junto a los cabildos y las organizaciones sindicales, promueva un acuerdo específico para las islas.
Para finalizar, Víctor Alonso también destacó la labor realizada desde su Consejería en el ámbito de la coordinación interinstitucional para impulsar la vivienda en Fuerteventura. Un trabajo que ha destacado, reiteradamente, el ministro y secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres.
