Según informa la Guardia Civil, estas actividades se desarrollaban en áreas sometidas actualmente a restricciones y cierres preventivos temporales establecidos por la Administración insular competente, debido a su elevado valor ecológico y con el objetivo de garantizar la protección de las aves durante su periodo de reproducción.
Las infracciones detectadas podrían derivar en sanciones económicas de hasta 300.000 euros.
La actuación se inició después de que la Patrulla del SEPRONA tuviera conocimiento de la existencia de varias empresas dedicadas al denominado “turismo de motor”, que presuntamente realizaban rutas ilegales por zonas no autorizadas y por espacios naturales protegidos de la isla.
Entre los lugares afectados se encontraban áreas catalogadas como Zonas de Especial Protección para las Aves —ZEPA— y Zonas Especiales de Conservación —ZEC—, espacios que cuentan con un elevado nivel de protección ambiental.
A partir de esa información, los agentes iniciaron las correspondientes investigaciones para verificar los hechos y determinar la posible responsabilidad de las empresas implicadas. Una vez obtenidos los primeros indicios y recopilados los datos necesarios, el SEPRONA intensificó las labores de vigilancia y control en aquellas zonas donde existían evidencias de la realización de estas actividades.
Para ello, se establecieron diversos dispositivos de seguimiento con el fin de comprobar el desarrollo de estas rutas.
Como resultado de las investigaciones y de los servicios de vigilancia realizados, los agentes lograron identificar a los responsables de las actividades investigadas. Además, se constató que las empresas ofertaban paquetes turísticos que incluían alojamiento y rutas con vehículos a motor por espacios naturales protegidos.
Según la Guardia Civil, estas empresas carecían también de la documentación y de las autorizaciones preceptivas para el desarrollo de actividades de ocio y turismo activo en Canarias.
Por estos hechos, se procedió a la formulación de las correspondientes denuncias administrativas por presuntas infracciones a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Estas infracciones podrían conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 600 y los 6.000 euros.
Del mismo modo, también se formularon denuncias por posibles infracciones a la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. En este caso, las sanciones podrían alcanzar importes de entre 1.500 y 300.000 euros.
La Guardia Civil recuerda que la actuación se enmarca en la protección de espacios naturales especialmente sensibles y en el control de actividades no autorizadas que puedan afectar a zonas de alto valor ecológico, especialmente durante periodos críticos para la reproducción de aves.
