La resolución supone que, por ahora, no se paraliza la adjudicación del servicio mientras continúa la tramitación judicial del recurso. La decisión afecta únicamente a la pieza de medidas cautelares y no resuelve todavía el fondo del asunto: si la entidad adjudicataria cumple con los requisitos.
Se trata del primer concierto social en dependencia impulsado por el Cabildo de Fuerteventura; un mecanismo destinado a dar estabilidad a la prestación de servicios sociales por parte de entidades del tercer sector. El concierto contempla 120 plazas y un importe de 1.722.000 euros.
Al procedimiento concurrieron dos entidades. AFFA, la asociación majorera que trabaja con familias que conviven con el alzhéimer, y la Asociación Solidaria Mundo Nuevo. AFFA quedó fuera por un error en la tramitación.
La controversia surgió después, cuando el Cabildo adjudicó el concierto social a Mundo Nuevo. AFFA cuestionó que la entidad adjudicataria cumpliera con la acreditación específica para prestar el SPAP.
El debate jurídico y administrativo se centra en si para acceder al concierto bastaba con figurar como entidad colaboradora de servicios sociales o si era necesaria una acreditación concreta para el servicio objeto del concierto.
El Cabildo sostiene que el procedimiento es correcto porque la adjudicataria es una entidad colaboradora. Por el contrario, AFFA y ODESOCAN, el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, mantienen que la acreditación específica era un requisito necesario.
De forma paralela, ODESOCAN presentó una denuncia penal ante Fiscalía contra la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo de Fuerteventura por presunta prevaricación administrativa al entender que la adjudicataria no está acreditada para ofrecer el servicio.
Desde el Cabildo se destaca, en un comunicado, que con la decisión del órgano contencioso administrativo, se mantiene la prestación del servicio, "al no apreciarse por los tribunales ninguna causa de nulidad radical del proceso y entender que existe un interés público en la necesidad de asegurar un buen funcionamiento del servicio".
La Corporación insular reitera, además, que el procedimiento de concierto social ha sido riguroso en toda su tramitación
Con la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por AFFA -y que la asociación no recurrirá para no ralentizar el proceso- el procedimiento judicial continúa sin que, de momento, se suspenda la adjudicación.
El fondo del conflicto seguirá pendiente de resolución: determinar si la adjudicación del concierto social del SPAP se hizo conforme a los requisitos exigidos y si la condición de entidad colaboradora era suficiente para prestar el servicio.
