Sareb no responde: si no hay cambios, Puerto del Rosario pedirá la demolición de Marlape
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, asegura que la Sareb se opone al pago de las multas coercitivas impuestas por el Ayuntamiento (a razón de 3.000 euros al mes) y confirma que, si la propiedad no actúa una vez concluido el plazo de diez meses concedido para restablecer la legalidad urbanística, el Consistorio solicitará la ejecución subsidiaria de la demolición del inmueble. Una actuación valorada en 1,2 millones de euros.
Sareb no responde en Marlape
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario se prepara para dar un nuevo paso en el expediente urbanístico abierto sobre la urbanización Marlape. Si la Sareb, titular de los inmuebles, mantiene su inacción una vez expire el plazo de diez meses de multas coercitivas, el Consistorio solicitará la ejecución subsidiaria de la demolición del inmueble. Una actuación cuyo coste se ha estimado en 1,2 millones de euros.
Así lo afirmó el alcalde, David de Vera, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, después de desvelar que la Sareb ha optado por recurrir las sanciones impuestas por el Ayuntamiento en lugar de ejecutar las actuaciones exigidas para restablecer la legalidad urbanística.
Cabe destacar que el expediente sobre Marlape tiene su origen en las denuncias vecinales y en las actuaciones impulsadas por el Consejo Insular de Aguas por vertidos de aguas residuales en el complejo. A partir de esas actuaciones, el Ayuntamiento abrió un expediente de disciplina urbanística y de restablecimiento de la legalidad al comprobar que las viviendas se construyeron sin título habilitante.
Posteriormente, la resolución definitiva del expediente ordenó la demolición del inmueble.
La corporación, no obstante, abrió un periodo para que la propietaria de las viviendas ejecutara voluntariamente el restablecimiento de la legalidad en aras de salvar los inmuebles.
Sin embargo, "Sareb, a día de hoy, se está oponiendo tanto al pago de las multas coercitivas y, dentro de las actuaciones del restablecimiento de la legalidad, la única información que nos ha pedido es sobre las familias vulnerables que allí conviven, y ese trámite también se les ha dado por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario".
El expediente sigue su curso y, una vez concluya el plazo de diez meses concedido mediante las multas coercitivas en el horizonte del mes de noviembre, el Ayuntamiento solicitará la ejecución subsidiaria de la demolición.
21 informes de vulnerabilidad
El alcalde explicó que los servicios sociales municipales han elaborado 21 informes de vulnerabilidad, correspondientes a las familias cuya situación ha podido ser acreditada. Sobre el resto de residentes del complejo inconcluso, y que según las estimaciones municipales suman unas 83 familias, De Vera señaló que el Ayuntamiento no dispone de información social, al no haberse tramitado expedientes que permitan conocer su situación.
No obstante, el alcalde quiso dejar claro que esos expedientes no tendrán un tratamiento preferente respecto al resto de demandantes de vivienda del municipio.
"Las familias que allí están vulnerables tendrán los mismos derechos que cualquier residente en Puerto del Rosario, pero no se les va a conceder ningún tipo de preferencia o privilegio por estar ocupando una vivienda"
De Vera explicó que el Ayuntamiento ya ha mantenido reuniones tanto con representantes de la Sareb como con la asociación constituida por los ocupantes del inmueble para informarles del procedimiento en marcha y de las consecuencias que puede tener el expediente urbanístico.
Un procedimiento que continúa
El alcalde defendió la actuación desarrollada por el Consistorio desde el inicio del expediente y sostuvo que el Ayuntamiento ha agotado todas las vías previstas en la legislación antes de plantear la ejecución subsidiaria.
"Creo que hemos actuado con bastante contundencia por parte de este Ayuntamiento...no podíamos seguir dejando esta situación como estaba"
Si la Sareb no ejecuta voluntariamente la demolición una vez concluido el plazo de las multas coercitivas, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento para que la actuación sea ejecutada, repercutiendo posteriormente el coste a la propiedad conforme a la normativa urbanística.