El PSOE de Puerto del Rosario ha expresado su preocupación por la resolución definitiva que ordena la demolición del complejo Marlape, en Playa Blanca, y por el impacto que esta medida puede tener sobre las familias que residen en la zona, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad y sin alternativas habitacionales inmediatas, destaca la formación en un comunicado remitido este martes, tras la celebración ayer de la sesión ordinaria de pleno donde la edil del área, Ana Hernández, daba cuenta de todo el procedimiento relativo a las viviendas.
Los socialistas reconocen la necesidad de restablecer la legalidad urbanística y garantizar la seguridad del entorno, pero consideran que la gestión del proceso “podía haberse abordado con mayor planificación, diálogo y sensibilidad social”.
Apuntan a que en un municipio donde la falta de vivienda pública y asequible es una de las principales preocupaciones, el PSOE lamenta que no se exploraron con mayor profundidad opciones de rehabilitación o adquisición de las viviendas existentes antes de optar por la demolición.
Una Comisión con Sareb, Gobierno de Canarias y Estado
En este sentido, el partido propone revisar la estrategia de actuación en la zona e incorporar un plan específico de atención y acompañamiento a las familias afectadas, con especial atención a los colectivos vulnerables. Asimismo, plantea la creación de una comisión de trabajo conjunta con la Sareb, el Gobierno de Canarias y el Estado, que evalúe fórmulas de colaboración para la adquisición, rehabilitación o reutilización de viviendas en desuso destinadas a vivienda social.
El PSOE también insta a reforzar la coordinación entre los servicios sociales y el área de vivienda municipal, con el fin de ofrecer una respuesta integral a las personas afectadas por el expediente Marlape.
“Defendemos una política de vivienda que combine el rigor administrativo con la sensibilidad social, orientada a ofrecer soluciones reales y duraderas”, subraya la agrupación local.
Los socialistas recuerdan que, de haberse integrado las 75 viviendas actualmente en licitación con las 85 de Marlape, "el municipio podría disponer de más de 160 viviendas públicas, una cifra que habría contribuido a reducir la presión sobre el mercado".
