El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) destinada a reforzar el control de las importaciones de alimentos procedentes de terceros países que contengan sustancias prohibidas por la normativa europea.
La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, plantea frenar los efectos del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, con el objetivo de evitar la entrada de productos tratados con fitosanitarios vetados en el ámbito comunitario por su impacto en el medio ambiente y en la salud pública.
Durante el debate, el diputado Mario Cabrera González defendió la necesidad de proteger al sector primario canario y apeló a la unidad política ante lo que considera una amenaza para el campo y la identidad del archipiélago. “Es mucho lo que nos jugamos”, afirmó, señalando que este tipo de acuerdos puede suponer “la muerte del campo” y afectar al modelo productivo de las islas.
Cabrera recordó que Canarias, como Región Ultraperiférica, cuenta con una estructura agraria basada mayoritariamente en pequeñas y medianas explotaciones, que compiten en desventaja frente a grandes productores internacionales. En este contexto, criticó que mientras los agricultores europeos deben cumplir con una legislación estricta en materia de fitosanitarios, se permita la importación de productos tratados con sustancias prohibidas en la UE.
Según el parlamentario, en 2024 se exportaron desde Europa 18.000 toneladas de pesticidas prohibidos a países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, lo que —a su juicio— evidencia una “hipocresía” en la política comunitaria.
La PNL aprobada insta al Gobierno de Canarias a reclamar al Gobierno de España el refuerzo del régimen sancionador aplicable a las importaciones que contengan sustancias prohibidas por la normativa europea. Asimismo, propone promover cambios legislativos para que estas conductas puedan tipificarse como delito contra la salud pública y ser perseguidas por la vía penal.
Entre las medidas planteadas también figura la aplicación obligatoria de “cláusulas espejo” a las importaciones —exigiendo los mismos estándares que a los productores europeos— y la supresión de los Límites Máximos de Residuos (LMR) cuando se trate de sustancias prohibidas en la Unión Europea.
Con esta iniciativa, el Parlamento canario busca reforzar la protección del sector primario y garantizar que los productos que lleguen al mercado cumplan con los mismos estándares sanitarios y medioambientales exigidos a los productores del archipiélago.
