El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley Canaria de Protección del Arbolado Urbano, una normativa que busca reforzar la conservación, el cuidado y la gestión sostenible del patrimonio arbóreo en las ciudades y pueblos del Archipiélago.
Durante la sesión, intervino la diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Natalia Évora Soto, quien destacó que esta ley “dota a Canarias de un marco normativo que garantiza un patrimonio arbóreo más diverso, en buen estado, protegido, seguro y resiliente”. Según explicó, la iniciativa ha sido trabajada con el objetivo de lograr el mayor consenso posible.
Una ley para avanzar hacia una cultura de respeto y gestión responsable
Évora señaló que el texto legislativo pretende que Canarias avance hacia “una cultura de mayor respeto, cuidado y valoración del arbolado urbano”, aportando seguridad jurídica, claridad y herramientas prácticas para las administraciones encargadas de su aplicación.
La responsabilidad principal de implementar esta normativa recaerá sobre los ayuntamientos, por lo que el Grupo Nacionalista Canario ha insistido en la necesidad de que sea una ley operativa, fácil de aplicar y adaptada a la realidad municipal.
“No todos los municipios cuentan con los mismos recursos ni con el mismo personal técnico”, recordó la diputada, quien además indicó que muchas corporaciones locales ya desarrollan funciones similares a las que recoge la norma.
Diferencias entre personal cualificado y técnico competente
Para facilitar su aplicación y evitar controversias, la ley distingue entre:
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Personal cualificado: personas con experiencia o formación suficiente en la materia.
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Técnico competente: profesionales titulados (grado, máster o equivalente) con competencias reguladas por la legislación vigente.
Además, se diferencia entre dos tipos de intervención:
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Tala: por su impacto e irreversibilidad, requerirá siempre un informe de un técnico competente.
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Poda: considerada una actuación habitual y menos invasiva, podrá ser gestionada por personal cualificado.
Régimen sancionador e inventario municipal
Cada ayuntamiento será responsable de adaptar el Régimen Sancionador y el Inventario Municipal del Arbolado a su realidad, evitando cargas burocráticas excesivas que puedan generar rechazo o dificultades en la gestión.
Un patrimonio natural para preservar
Évora subrayó que esta ley “aspira a mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades y pueblos, preservando un patrimonio natural que pertenece a todos”.
Asimismo, destacó que el texto nace con un amplio respaldo social y persigue garantizar que el arbolado urbano en Canarias sea un recurso bien gestionado, seguro, saludable y resiliente frente a futuros desafíos.
