El Parlamento de Canarias ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar la modificación de la normativa estatal de costas con el objetivo de preservar los conjuntos urbanos tradicionales situados en el litoral del Archipiélago.
La iniciativa, debatida en pleno, busca adaptar la actual Ley de Costas —vigente desde 1988— a la realidad territorial de las islas, donde numerosos núcleos históricos han pasado a considerarse dominio público marítimo-terrestre.
Durante el debate, la diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Jana González Alonso, mostró su respaldo a la propuesta, al tiempo que defendió que cualquier modificación normativa debe respetar el marco competencial del archipiélago.
“Cualquier modificación que se plantee debe basarse en el Estatuto de Autonomía de Canarias y atender al conjunto de nuestras necesidades”, señaló la parlamentaria, quien insistió en la importancia de avanzar hacia una gestión más cercana del litoral.
González puso en valor la creación de una dirección general específica para la gestión del litoral por parte del Gobierno autonómico y recordó que el Estatuto de Autonomía reconoce amplias competencias en esta materia. No obstante, criticó que el actual marco de transferencias no haya desarrollado plenamente estas capacidades.
La diputada también subrayó la necesidad de evitar que mecanismos como los informes vinculantes o los deslindes limiten la capacidad de decisión de Canarias sobre su propio territorio.
Entre los aspectos clave de la iniciativa se encuentra la protección de los núcleos costeros tradicionales, considerados parte del patrimonio histórico, cultural y social de las islas, así como la adaptación de la normativa a las realidades actuales del litoral.
En este contexto, González recordó que varias comunidades autónomas con costa han venido reclamando una mayor capacidad de gestión, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, que ha instado a España a revisar su legislación en esta materia.
La parlamentaria concluyó defendiendo que la solución a largo plazo pasa por una gestión plena del litoral por parte de Canarias, que permita dar respuesta a las demandas ciudadanas y garantizar la protección de los espacios costeros desde el autogobierno.
