Ombú Canarias exige al alcalde de Pájara que rectifique y explique cuánto dinero público destinó a construir la guardería de Costa Calma
La empresa Ombú Canarias acusa al alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, de realizar declaraciones públicas “graves e irresponsables” después de la segunda sentencia favorable a la mercantil que ratifica que el Ayuntamiento debe desocupar el inmueble de Costa Calma. Ombú Canarias sostiene que el centro fue promovido, construido, equipado y acondicionado con fondos privados. Por ello, exige una rectificación "pública inmediata" y explicaciones sobre "cuánto dinero destino realmente a construir la guardería, más allá del cambio de llaves".
Declaraciones "graves e irresponsables"
En un duro comunicado, la mercantil acusa al regidor de realizar manifestaciones “graves e irresponsables” sobre la titularidad y construcción de la guardería y sostiene que sus palabras “solo contribuyen a manipular la realidad y desinformar a la ciudadanía”. Desmiente con contundencia las afirmaciones que Alejandro Jorge ha realizado en una entrevista en la que aseveró que la guardería se construyó con fondos municipales.
Con dos sentencias favorables de su lado, la propiedad subraya que la guardería fue “promovida, construida, equipada y acondicionada íntegramente con fondos privados” por la empresa propietaria original de la parcela, que además tramitó el correspondiente plan parcial y obtuvo todas las licencias y autorizaciones necesarias para su ejecución.
“El Ayuntamiento no financió la construcción del inmueble ni asumió su coste económico en ningún momento”, recalca la empresa. “Es absolutamente falso", subrayan sus representantes.
Por eso, consideran “extremadamente grave” que un representante público utilice un medio de comunicación para “atribuirse inversiones privadas” y trasladar a la opinión pública “una versión completamente falsa de los hechos”.
A su juicio, la gravedad aumenta porque existen “expedientes, tasaciones, procedimientos judiciales y documentación municipal” que acreditan la realidad del proceso.
En su comunicado, la empresa reprocha además al alcalde que no explicara varios elementos que considera esenciales para entender el conflicto. Entre ellos, que el inmueble soportaba una carga aproximada de 2,1 millones de euros, que la guardería contaba con una valoración cercana a 1.075.000 euros y que el Ayuntamiento se personó como acreedor en el procedimiento concursal para reclamar impuestos a la empresa propietaria.
La propiedad también subraya que, durante todos estos años de ocupación en precario, los recibos del IBI han seguido generándose contra la propiedad, con importes superiores a 12.600 euros anuales.
Añade, además, que el propio Ayuntamiento solicitó autorización a la propiedad para realizar obras de mejora en el inmueble, lo que, evidencia, recalca la empresa, supone un reconocimiento expreso de la titularidad privada de la guardería.
Para los responsables de Ombú Canarias, “lo verdaderamente preocupante no es únicamente la falsedad de las declaraciones, sino la absoluta falta de responsabilidad institucional al intentar presentar ante la ciudadanía una ocupación en precario como si se tratara de una infraestructura municipal construida con dinero público”.
"Hemos actuado con responsabilidad"
La empresa insiste en que no ha acudido a los medios “a difamar ni a generar enfrentamientos políticos”, sino a defender sus derechos como haría “cualquier propietario al que le ocupan un inmueble en situación de precario”. Asegura que intentó dialogar primero y que, ante la falta de soluciones reales, acudió a los tribunales. Incluso en sede judicial, prosigue, "hemos actuado con responsabilidad, minimizando costes para las arcas municipales y evitando incrementar innecesariamente el perjuicio económico para el Ayuntamiento".
La empresa asegura que actuará con prudencia mientras la resolución no sea firme. “Queremos dejar claro igualmente que, hasta que la sentencia no sea firme, no solicitaremos el lanzamiento de la guardería porque entendemos perfectamente que las familias y los menores no son responsables de esta situación”, señala. Para la mercantil, “las verdaderas víctimas de esta desinformación son precisamente los ciudadanos a quienes se les está ocultando la realidad”.
Por ello, Ombú Canarias exige al alcalde de Pájara que rectifique públicamente y que explique “con transparencia” cuánto dinero destinó realmente el Ayuntamiento a construir la guardería de Costa Calma, “más allá del simple cambio de cerraduras y la ocupación del inmueble”. También reclama que deje de señalar a la propiedad como responsable de un conflicto que, según la empresa, siempre ha intentado resolver “mediante diálogo y acuerdos razonables”.
Diferencia de criterio
El comunicado se produce en pleno debate sobre la estrategia judicial del Ayuntamiento. El consistorio ha anunciado su intención de acudir al Tribunal Supremo, una decisión que no cuenta con una posición unánime dentro del propio gobierno municipal.
El primer teniente de alcalde, Alexis Alonso, de Coalición Canaria, marcó distancia esta semana en una entrevista en La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, y afirmó no compartir la decisión.
Alonso defendió que la salida razonable pasa por hablar con la propiedad y buscar un acuerdo, ya sea mediante alquiler o compra, porque levantar una nueva guardería “tardará mucho tiempo”.
El alcalde, Alejandro Jorge, del PSOE, mantiene, sin embargo, la vía del recurso, evidenciando las diferencias en el seno del gobierno local.