Asambleas Municipales de Fuerteventura ha mostrado su apoyo a la empresa propietaria de la guardería de Costa Calma tras el comunicado emitido por la mercantil en relación con el procedimiento judicial sobre el inmueble utilizado como escuela infantil municipal.
La formación política considera “grave” que desde la Alcaldía de Pájara se haya atribuido al Ayuntamiento la construcción de la guardería, asegurando que, según la documentación administrativa y judicial existente, la infraestructura fue promovida y financiada con fondos privados.
AMF sostiene que el comunicado difundido por la propiedad contradice las declaraciones realizadas recientemente por el alcalde, Alejandro Jorge, sobre el origen y financiación del inmueble.
La organización recuerda además que la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó recientemente el desahucio del Ayuntamiento al considerar acreditada la titularidad privada de la parcela y del inmueble.
División en el grupo de gobierno
La formación también lamentó la “división” existente dentro del grupo de gobierno municipal tras conocerse en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura en Radio Insular que el primer teniente de alcalde se habría desmarcado de la decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia favorable a la propiedad.
Según AMF, esta situación evidencia una falta de posición “coherente y transparente” en un asunto que afecta tanto a la gestión municipal como a la confianza ciudadana.
La organización señala además que, según expone la propiedad, el propio Ayuntamiento habría reconocido durante años la titularidad privada del inmueble al solicitar autorizaciones para ejecutar obras de mejora mientras utilizaba las instalaciones.
AMF destaca igualmente que durante este tiempo se continuaron generando recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a nombre de la propiedad privada mientras el Consistorio mantenía el uso de la guardería.
La formación reclama al alcalde que explique públicamente qué cantidades económicas ha destinado el Ayuntamiento a este conflicto y cuáles podrían ser los costes derivados del procedimiento judicial.
Desde AMF consideran que el conflicto debe abordarse “con rigor, transparencia y responsabilidad institucional”, evitando declaraciones que puedan entrar en contradicción con las resoluciones judiciales conocidas hasta el momento.
La organización valoró además que la propiedad haya manifestado su intención de no solicitar el lanzamiento inmediato de la guardería mientras la sentencia no sea firme, al entender que las familias y menores usuarios del servicio no son responsables de esta situación.
Finalmente, AMF instó al Ayuntamiento de Pájara y a la propiedad a buscar una solución negociada que permita reducir la incertidumbre existente entre las familias afectadas.
