El decreto que regulará la actividad de la vivienda vacacional en Canarias se encuentra en fase de exposición pública y generando gran controversia.
Muestra de ello ha sido este viernes la mesa redonda promovida por La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, con la participación del gerente de la Asociación de Vivienda Vacacional de Canarias, ASCAV, Javier Martín, la presidenta de la asociación Alquileres Justos en Fuerteventura, Vanesa Martín, y el gerente de Asofuer, la patronal turística majorera, Mario de la Cruz, que ha evidenciado la diferencia de posturas que existe ante la regulación.
Para ASCAV, que ha denunciado a la Consejería por “ocultar datos” durante el procedimiento, el anteproyecto “no contiene nada salvable y conducirá al exterminio de esta oferta en un plazo de 10 años”. A juicio del gerente “en una década sólo quedará el 10% del alquiler vacacional”. Debería haberse llamado, subrayó, “la ley anti vivienda vacacional”.
Desde ASCAV se apuesta por “consolidar la oferta ya existente” y establecer una moratoria desde que se apruebe la Ley, previsiblemente en el último trimestre de mes. Es decir, que las viviendas vacacionales registradas como tales en la actualidad, no deban cumplir con los requisitos que recoge el anteproyecto. Entre otras medidas la calificación de eficiencia energética A o la obligatoriedad de contar con puntos de recarga para automóviles eléctricos a 500 metros a la redonda.
Dos exigencias que marca Europa, recordó el gerente de Asofuer, Mario de La Cruz, y que responden a la Declaración de Glasgow rubricada por las patronales turísticas de Canarias en el objetivo de reducir en un 50% la huella de carbono en el horizonte de 2030 y en un 100% para 2050.
Javier Martín recalcó, además, que el anteproyecto “imposibilita a las viviendas vacacionales subsanar un defecto. Es imposible corregir una deficiencia y si la detectan nos dejan diez años fuera del mercado”. Una aseveración que no tuvo respuesta por parte de la patronal por “no tener constancia de la limitación”.
Además, el gerente de ASCAV tampoco mostró su conformidad con la exigencia de una superficie mínima de 39 metros cuadrados para destinar al ámbito turístico una vivienda “cuando otros modelos tienen el mínimo en 44 metros cuadrados”; a pesar de que la segunda es más restrictiva.
Javier Martín también aludió a que la vivienda vacacional genera 2.500 millones de euros de ingresos en Canarias “y no 2.700 como se dijo desde la Consejería”. Así, cada vivienda tendría, por término medio, una rentabilidad que supera los 4.600 al mes. De esta cantidad, recalcó, no todo son beneficios ya que “hay que descontar el 50% que se va a las plataformas comercializadoras y otros gastos”. Plataformas que tienen sede en paraísos fiscales, atajó por su parte el gerente de la patronal hotelera de Fuerteventura.
Mario De La Cruz, por su parte, se mostró orgulloso de que haya sido una consejera majorera, Jéssica de León, la que haya tenido el valor de ordenar la actividad de la vivienda vacacional. Una actividad turística “que debe cumplir con las mismas reglas del juego que el resto”, insistió.
A su juicio, “quizás haya faltado pedagogía por parte de la Consejería” para trasladar la esencia del documento y defendió los requisitos y limitaciones que introduce el texto pues permite equiparar las obligaciones de todos los entes que operan en el sector en las mismas condiciones, dijo.
Por su parte, Vanesa Iglesias defendió la actividad del alquiler vacacional “que genera beneficios en su entorno” aunque constató la necesidad de regularlo. Por eso, instó a las autoridades a aplicar una moratoria ante la “ausencia de planificación total”.
Anunció que la Asociación Alquileres Justos en Fuerteventura se sumará a la movilización convocada el próximo 20 de Abril en todas las Islas para reivindicar que `Canarias tiene un límite´.
Fue el único mensaje en el que coincidieron tanto ASCAV como ASOFUER.
Pueden ver la entrevista completa:
