Simulaciones de delito en Fuerteventura
La Guardia Civil ha esclarecido en Fuerteventura varios casos de simulación de delito que han derivado en la investigación de seis personas por denunciar hechos que nunca ocurrieron. Las diligencias apuntan a un patrón común: obtener indemnizaciones económicas a través de compañías aseguradoras.
Según detalla la Comandancia de Las Palmas, los investigados denunciaron supuestos robos con violencia, hurtos, daños materiales o incluso la sustracción de vehículos. Sin embargo, las pesquisas desarrolladas por los agentes -basadas en declaraciones testificales, análisis de cámaras de seguridad y rastreo de dispositivos móviles- permitieron detectar “contradicciones evidentes” entre los hechos relatados y la realidad.
Uno de los episodios más llamativos es el de un hombre que denunció haber sido víctima de un robo con violencia durante la madrugada, asegurando que dos individuos le sustrajeron varias pertenencias, entre ellas un teléfono móvil de alta gama. La investigación determinó que el dispositivo había sido extraviado en un local de ocio y que el denunciante interpuso la denuncia falsa para beneficiarse del seguro.
En otro caso, un ciudadano afirmó que su vehículo había sido robado. Sin embargo, las imágenes de videovigilancia confirmaron que el coche había sufrido un accidente tras causar daños en mobiliario urbano en Morro Jable y que fue el propio denunciante quien abandonó el vehículo en el lugar.
También se detectaron denuncias falsas vinculadas al ámbito turístico. En uno de estos casos, un visitante aseguró haber sufrido dos robos de dinero en su habitación de hotel. Las investigaciones descartaron cualquier indicio de delito: no hubo forzamientos, ni pérdida de la tarjeta de acceso, ni registros que respaldaran su versión.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas están tipificadas en el artículo 456 del Código Penal, que castiga a quien imputa falsamente un delito “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. Las penas pueden incluir multas de seis a doce meses e incluso prisión en casos de falso testimonio, además de posibles responsabilidades civiles.
