El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos de la Isla han intensificado la coordinación institucional para frenar la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico, una problemática que afecta a los valores naturales, el planeamiento territorial y la biodiversidad insular.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo autonómico, Manuel Miranda, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, mantuvieron un encuentro de trabajo con representantes de la Guardia Civil, policías locales y agentes de Medio Ambiente con el objetivo de reforzar la vigilancia y las actuaciones conjuntas en todo el territorio majorero.
La reunión se enmarca dentro del plan de acción impulsado por el Cabildo en colaboración con la Consejería, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) y los ayuntamientos, ante el aumento de instalaciones como caravanas, contenedores marítimos, casas prefabricadas y otras estructuras levantadas sin autorización en suelo rústico.
La presidenta insular, Lola García, subrayó que “la coordinación conjunta entre policía local, agentes de Medio Ambiente, Seprona y el resto de instituciones es clave para detener la invasión que estamos sufriendo en nuestro suelo rústico, sin encaje legal y alterando las singularidades naturales de nuestra Isla y los usos tradicionales de este tipo de suelos”. Asimismo, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que sea consciente de que estas actuaciones pueden suponer infracciones graves.
Por su parte, el consejero Manuel Miranda insistió en la importancia de la pedagogía y la concienciación social sobre la necesidad de preservar el territorio. Además, advirtió de que, más allá de las sanciones administrativas, en determinados casos estas conductas pueden constituir delitos tipificados en el Código Penal.
En el encuentro también participaron la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega; el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas; así como alcaldes y representantes municipales de la Isla.
Paralelamente, el Cabildo ha puesto en marcha una campaña informativa para recordar las prohibiciones vigentes en suelo rústico y las consecuencias legales de su incumplimiento, de acuerdo con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que contempla sanciones de hasta 150.000 euros. Asimismo, las edificaciones no autorizables pueden estar recogidas en la Ley Orgánica del Código Penal.
En una primera fase, las administraciones priorizan la retirada voluntaria de las instalaciones por parte de los infractores. En caso de no producirse, se procede a la correspondiente denuncia y apertura de expediente sancionador.
Con este plan conjunto, las instituciones refuerzan su compromiso con la protección del territorio y la defensa del paisaje majorero frente a usos irregulares que comprometen su sostenibilidad.
