Más de mil personas han tomado este domingo las calles de Puerto del Rosario en una movilización pacífica bajo el lema "Fuerteventura Tiene un Límite".
La manifestación dio inicio en Fuerteventura con bastante retraso, 45 minutos después de las once de la mañana (hora prevista como en el resto de Canarias) cuando ha llegado la Policía Local y ha autorizado el comienzo de la movilización en la Avenida Primero de Mayo de la capital que poco después tomaba la calle León y Castillo para enfilar hacia la Avenida Marítima.
Los numerosos presentes han portado pancartas mostrando su preocupación por los efectos del turismo masivo y la especulación urbanística en las Islas.
"Esto no es turismofobia, es canaricidio", "Fuerteventura no se vende, se ama y se defiende", "Tasa turística YA", "Más agua para papas y no para las piscinas" o "Por la supervivencia, ley de residencia" fueron algunos de los muchos lemas que se escucharon y que, también, se visibilizaron en las numerosas pancartas portadas por los asistentes.
Consignas para criticar la situación actual y el modelo de desarrollo que lleva a las islas "al colapso", denuncian los asistentes, y exigir cambios que deriven en la mejora de la calidad de vida de las personas.
Además de las demandas compartidas con el resto del archipiélago, en Fuerteventura se hizo especial hincapié en reivindicaciones clave para el futuro de la isla reclamando agua, vivienda, el derribo de establecimientos como los hoteles Riu, en las Dunas de Corralejo, la preservación del patrimonio, el establecimiento de sistemas de energías renovable de forma planificada y un futuro para los jóvenes majoreros, como principales cuestiones.
En esta línea, y tal y como se plasmó durante la lectura del manifiesto con el que finalizó la movilización, Fuerteventura tiene un Límite exige la creación de un consorcio público para el abastecimiento de agua utilizando energías renovables y depuradoras biológicas.
También fueron muy críticos con la situación de la vivienda vacacional “especialmente en municipios como La Oliva donde más del 40% de las propiedades están destinadas al alquiler turístico”. En este punto exigen una regulación de la vivienda vacacional “para frenar el aumento de viviendas ilegales y permitir a que la población tenga acceso a viviendas dignas”.
También se ha hecho hincapié en la precariedad laboral acusando que “los trabajadores del sector turístico se ven obligados a trabajar más de diez horas diarias en condiciones de explotación” por lo que demandaron un reparto más justo de los beneficios generados por el turismo.
En paralelo, instan a paralizar proyectos urbanísticos destructivos señalando a los hoteles de Canalbión en el Parque Natural de Pájara, el complejo Origo Mare en Majanicho, los hoteles Riu en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo y otros en vías de materializarse como el nuevo “hotel de mil Camas en Corralejo, y el macro muelle en la localidad”.
Otro de los aspectos que más preocupa a la población local es la masificación turística que afecta a lugares emblemáticos de la isla. Los manifestantes denunciaron los daños a espacios naturales protegidos como el Monumento Natural de Ajuy y el Barranco de los Enamorados y exigieron la regulación de actividades turísticas en estos espacios.
Además, en el ámbito de la energía renovable, los participantes subrayaron la necesidad de una planificación más estricta para evitar que grandes proyectos energéticos destruyan suelo agrícola. En lugar de ocupar tierras cultivables, los manifestantes pidieron que las instalaciones solares y eólicas se ubiquen en cubiertas y tejados, en lugares antropizados, de manera que se garantice la sostenibilidad sin poner en riesgo los recursos naturales.
Para los manifestantes, es preciso poner el foco en la situación de la juventud majorera quienes, aseguran, no se van de la isla por voluntad propia “sino porque no encuentran oportunidades de vida en su propia tierra”.
La falta de empleo, el alto coste de la vivienda, la especulación inmobiliaria empujan a muchos jóvenes a migrar, en busca de una vida mejor, denuncian. Una situación que se agrava con el aumento exponencial de la población foránea, destacando que “el número de residentes italianos en Fuerteventura ha aumentado pasando de 7.000 a 40.000 en tan solo cinco años”, recalcaron. Un crecimiento insostenible, desplazando a la población autóctona y encareciendo la vivienda.
Para concluir, los organizadores de la protesta dejaron claro que este es solo el comienzo de un movimiento que continuará luchando por un modelo de desarrollo sostenible, un reparto justo de la riqueza y una mayor protección del patrimonio natural y social de la isla.
En la manifestación, participaron numerosos colectivos sociales y ecologistas, los sindicatos Intersindical Canaria y CCOO así como políticos de Nueva Canarias y el Partido Socialista.
