Costas de Canarias denuncia "deslealtad institucional" del Estado y revela que conoció por la prensa el caso de la Casa de las Señoras

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Manuel Acosta, denuncia falta de lealtad institucional por parte del Estado y asegura que su departamento conoció por los medios de comunicación el caso de la Casa de las Señoras, en Cueva de la Negra, cuya demolición está prevista para este miércoles 26 de agosto.

Tras conocer el expediente, Acosta afirma que contactó directamente con el director de la Demarcación de Costas del Estado en Las Palmas para pedir que se paralizara y analizara la actuación. Según su relato, la respuesta fue negativa. "Nos dijo literalmente que no, que iba a seguir con la demolición hacia adelante", sostiene.

Después de aquella conversación, su conclusión es contundente.

"Veo que lo van a ejecutar sí o sí", asegura,  a pesar de que la familia de Pascuala Roger, residente en la vivienda que ha heredado de sus antepasados y que, según sostiene, cuenta con alrededor de 150 años de antigüedad, ha solicitado a la Demarcación de Costas la revisión del expediente y una moratoria para evitar una actuación "irreversible" contra el patrimonio no solo familiar sino histórico y etnográfico. 

Según la familia, esa solicitud no ha recibido respuesta. Lo que sí se ha fijado es la fecha para la demolición de uno de los últimos vestigios del antiguo caserío de Cueva de la Negra, vinculado históricamente a familias de pescadores de la zona de Jandía.

La crítica del responsable autonómico, sin embargo, trasciende el caso de Cueva de la Negra. Acosta acusa al Estado de mantener una "posición de continua agresión a las comunidades autónomas" y sostiene que Canarias se encuentra de forma reiterada con intervenciones en el litoral que se realizan sin consulta o comunicación previa al Ejecutivo autonómico.

"No existe ningún tipo de lealtad institucional", reitera asegurando que a la Dirección General que gestiona el espacio marítimo canario "no se le comunica absolutamente nada" sobre este tipo de expedientes.

Precedentes

Acosta sitúa entre los precedentes recientes, la eliminación de una histórica escalera de pescadores en El Golfo, en Lanzarote. Según explica, el Estado actuó sin comunicación previa ni al Gobierno de Canarias ni al Ayuntamiento. "Un día el Estado llegó, valló la zona y eliminó esa escalera histórica que, bajo nuestro punto de vista, no era necesario hacer lo que allí se hizo", destaca.

El director general también menciona la aparición de carteles en espacios naturales de Lanzarote y Fuerteventura sin contar, según sostiene, ni con los gestores de esos espacios ni con la Dirección General autonómica, así como el corte de un acceso a una playa en Pájara utilizado por personas con movilidad reducida.

Para Acosta, todos estos episodios evidencian un problema competencial que va mucho más allá de una actuación concreta.

¿Y Los Molinos?

El director general pone también el foco en Los Molinos, en Fuerteventura, donde recuerda que al comienzo de la legislatura comenzaron a llegar a propietarios órdenes de demolición que llevaban años pendientes, algunas, según afirma, desde 2008.

El Estado podría comenzar a ejecutar esas órdenes. Acosta insiste en que el Estado puede hacerlo, "cuando ellos quieran" y explica que "es como un arma que tienen guardada en una gaveta y que la sacan cuando ellos quieran y agreden directamente al territorio canario".

El responsable de Costas va incluso más allá y vincula el ritmo de las demoliciones a la disponibilidad presupuestaria.

"Si ellos tuvieran suficiente dinero para empezar a demoler todo lo que quieren demoler, yo creo que lo harían", afirma, antes de advertir de que Canarias tendrá que seguir defendiéndose "con uñas y dientes" y acudir "a donde tengamos que ir".

Una línea que puede cambiar la situación de una propiedad

Antonio Acosta puso el foco especialmente en la cuestión de los deslindes, la línea administrativa que determina hasta dónde alcanza el dominio público marítimo-terrestre. El director general cuestiona la forma en que el Estado aplica estos procedimientos."De repente te llega el Estado con un bolígrafo, tira una línea y algo que no estaba en dominio público, te lo mete en dominio público".

Ese desplazamiento de la línea, sostiene, puede generar una enorme incertidumbre para propietarios y núcleos costeros.

En este sentido, el Ejecutivo canario defiende que determinadas construcciones de carácter histórico y etnográfico puedan quedar fuera del dominio público mediante fórmulas que permitan conservarlas sin posibilitar nuevos desarrollos.

Acosta, además, insiste en que hay dos varas de medir, "vamos a tirar a lo mejor una casa que tiene 150 años cuando tenemos otros lugares en los que el Estado ha permitido que se construya de manera ilegal y no se demuele", lamenta. 

Ley Canaria de Costas y "rechazo" al reglamento estatal

Frente a este escenario, Canarias prepara su propia Ley de Costas, que contará con un capítulo específico dedicado a los núcleos costeros, recordó. Acosta avanza que el Gobierno pretende llevar el borrador definitivo a exposición pública en septiembre, abrir posteriormente la fase de consultas durante el último trimestre del año y remitir después el texto al Parlamento.

Paralelamente, el Ejecutivo autonómico rechaza el nuevo reglamento estatal de Costas, al considerar que restringe todavía más las competencias de las comunidades autónomas. "El Estado, lejos de entrar en un debate, está en una posición de continua agresión a las comunidades autónomas". 

Según explica, el texto ya ha recibido más de 400 alegaciones y es que, apunta, el Estado no escucha a la FEMP ni a la FECAM ni a los ayuntamientos, ni a las administraciones autonómicas pero Canarias recurrirá a los tribunales si considera que se vulneran sus competencias, advierte.

A Pascuala: "Que no deje de luchar"

Este debate tendrá un nuevo escenario en octubre, cuando se celebre el primer Congreso de Costas Canarias.

Acosta anuncia que participarán otras comunidades autónomas y que uno de los ejes del encuentro será la situación de los núcleos costeros. También se abordarán la futura normativa canaria y la legislación estatal, y está prevista la participación del redactor de la Ley de Costas, de hace más de cuarenta años,  para explicar su visión sobre una norma que el responsable autonómico considera "arcaica".

Mientras Canarias intenta abrir ese debate sobre el futuro del litoral, en Cueva de la Negra el margen es mucho menor.

Acosta admite que la única vía que aprecia para intentar evitar a última hora la demolición de la Casa de las Señoras pasa por conseguir una paralización judicial cautelar, como ya trasladó al abogado defensor de Pascuala Roger. 

A ella, a Pascuala, el director general le insta a seguir peleando "hasta el final y hasta última hora". 

Para Acosta, defender este tipo de construcciones supone también "defender Canarias", su patrimonio y su historia.