El juzgado de Instrucción 2 de Fuerteventura ha condenado, este jueves 30 de junio, a D.H.G. Por un delito de maltrato animal por lesiones psicológicas.
El condenado adoptó a un pitbull de seis meses en mayo de 2020 con el fin de destinarlo a la cría. Desde entonces lo mantuvo atado al sol, con golpes y puñetazos.
Unos vecinos, indignados por el maltrato continuado que le propinaba al perro, finalmente grabaron un episodio de brutal violencia en julio de 2020, con puñetazos y patadas en su cabeza, y dieron traslado a las autoridades, temiendo por su vida.
El SEPRONA procedió a la incautación del aterrorizado cachorro, quedando finalmente en depósito de la asociación protectora de animales LUCHA CANINA.ORG. DOGS RESCUE ARMY, donde ha sido cuidado con esmero y atendido todos estos meses con terapias conductuales pues aunque no sufrió lesiones físicas, sí presentaba lesiones y secuelas psicológicas.
El perro manifestó una fobia social a causa del maltrato recibido, y evidencias de lesiones psicológicas acreditadas por cuatro expertas en etología y comportamiento animal. Además, desarrolló una dermatosis a causa de la ansiedad crónica.
La protectora se personó como acusación particular, con la abogada de La Asociación Abogados Prodefensa de los Animales PROTA, Maite Bautista, solicitando la pena máxima de un año de prisión y 3 años de inhabilitación para la tenencia de animales, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal quien inicialmente acusaba por delito leve de maltrato cruel castigado con pena de multa. El condenado admitió los hechos y se conformó con la acusación, beneficiándose así de la reducción del tercio de la condena.
Se le ha permitido la suspensión de la condena de prisión con la condición de no delinquir ni poseer animales durante 3 años. La protectora ha recurrido para que la prohibición sea de 5 años, el máximo permitido por el Código Penal.
La letrada ha resaltado la importancia de que se condene por lesiones psicológicas, un tipo de maltrato reconocido por la Fiscalía General del Estado desde 2011, aunque no existen muchas condenas dada la dificultad de acreditar el sufrimiento psicológico de los animales.
De nuevo subraya la levedad de las condenas establecidas en el Código Penal y la necesidad de herramientas más eficientes para la reprensión de hechos similares, poniendo de relieve la participación de la sociedad, que no permite estos actos contra los animales y los denuncia.
