El Partido Popular de Fuerteventura ha mostrado su máxima preocupación ante la grave situación que atraviesa el control aéreo en la isla, después de que la empresa adjudicataria del servicio, SAERCO, haya reconocido judicialmente que no puede cumplir sus obligaciones laborales por insolvencia económica.
La formación popular reclama una actuación urgente por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y exige la suspensión inmediata de la certificación de SAERCO como proveedor de tránsito aéreo.
“No podemos permitir que la seguridad aérea de Fuerteventura dependa de una empresa quebrada”, ha advertido la presidenta insular del PP majorero, Jessica de León, quien ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que actúe con responsabilidad y devuelva la gestión de la torre de control a ENAIRE, la empresa pública que opera en la mayoría del espacio aéreo español.
“Cabe recordar que fue en 2010, bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, cuando se licitaron por primera vez las torres de control, incluida la de Fuerteventura. Y hoy, las consecuencias están a la vista: inseguridad, precariedad y caos operativo”, ha denunciado De León.
Además del grave problema con los controladores, el PP denuncia la degradación generalizada de los servicios en el aeropuerto: “No hablamos solo de control aéreo: hay problemas con el mantenimiento, la jardinería, los servicios básicos y la imagen del aeropuerto. Los servicios establecidos no se están cumpliendo y Fuerteventura no puede seguir así”, afirma la presidenta.
Garantizar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de quienes trabajan en las torres de control también es una prioridad. En el caso de Canarias, hablamos de 148 profesionales, incluidos los de Fuerteventura, que merecen condiciones laborales dignas y un entorno de trabajo seguro, sin la incertidumbre constante que genera un proveedor en quiebra.
La reciente sentencia de la Audiencia Nacional, en la que SAERCO admite que acatar el laudo arbitral que resolvía su conflicto con los controladores aéreos la llevaría a la quiebra, pone en evidencia la falta de garantías del actual modelo. “No hablamos solo de turismo: en una isla, el transporte aéreo es una necesidad vital para acceder a la sanidad, a la educación y a los derechos básicos”, subraya De León.
Desde el Partido Popular se advierte que esta situación compromete gravemente la seguridad operacional, al tratarse de un servicio que la ley obliga a prestar de forma “segura, eficaz, continuada y económicamente sostenible”. “Cuando el proveedor reconoce que no puede garantizar sus compromisos laborales ni operativos, lo que está en riesgo es mucho más que una empresa: es la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos”, concluye De León.
El PP de Fuerteventura exige al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y actúe de inmediato, tal y como reclama el sindicato mayoritario del sector, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), para garantizar un aeropuerto operativo, digno y seguro en la isla.
Poco después, el Cabildo de Fuerteventura también ha remitido un comunicado en esta línea para reclamar al Ministerio que garantice la calidad del servicio en la torre de control del Aeropuerto.
De esta manera, recuerda que la torre de control de Fuerteventura es una de las que en su momento privatizó el Gobierno de España, pese a la oposición de las administraciones locales, entre ellas el propio Cabildo de Fuerteventura, preocupadas por la posible degradación de la calidad del servicio.
Ahora la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha solicitado la suspensión cautelar de la acreditación de la empresa privada SAERCO, que es la concesionaria de la torre de Fuerteventura, y su sustitución por la empresa pública ENAIRE. Advierten de que la seguridad de las operaciones en los aeropuertos que gestiona SAERCO puede verse afectada por la degradación de las condiciones laborales derivada de sus problemas financieros, que han sido reconocidos por la propia empresa en sede judicial.
En Canarias SAERCO tiene adjudicado el control del tráfico aéreo en los aeropuertos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
“En Fuerteventura, y estoy segura que en el resto de islas afectadas, seguimos con mucha preocupación estas noticias, porque nuestra economía y en general nuestra forma de vida, depende directamente del buen funcionamiento del aeropuerto, comenzando por su torre de control”, indicó la presidenta del Cabildo.
Por eso reclama Lola García “una revisión profunda de las condiciones en las que se desarrolla esta concesión para garantizar la seguridad, y hacer lo necesario para recuperar su funcionamiento como servicio básico y público. No sólo de forma transitoria, como plantea USCA, sino una recuperación definitiva. Exactamente en las mismas condiciones que el resto de aeropuertos españoles con torres de control no privatizadas”.
Recuerda Lola García que ya en su momento el Cabildo de Fuerteventura, igual que el resto de instituciones majoreras y canarias, mostró su desacuerdo con la privatización de estos servicios básicos.
