Protesta por el precinto de un negocio en Puerto del Rosario: el empresario habla de persecución y el Ayuntamiento asegura que no cumple las normas mínimas
Desde el pasado martes, el bar ubicado en la Plaza Millares Sall, en Puerto del Rosario, está cerrado. La Policía Local procedía a precintar esta actividad -que se realizaba a través de una concesión pública otorgada en 2022-, atendiendo a las medidas cautelares impuestas desde Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
El adjudicatario del servicio, Álvaro Sanz, inició entonces una campaña en redes sociales para denunciar lo que considera “un nuevo atropello” y una persecución “arbitraria” que deja en la calle, insistió, a 8 familias.
Tras la denuncia en redes, promovió este lunes un acto de protesta frente a la Casa Consistorial donde se estaba desarrollando la sesión ordinaria de pleno y a donde llegó acompañado por varios ciudadanos que portaban una pancarta con el lema “No a la mafia, no a los caciques”.
El empresario sostiene que la concesión pública fue otorgada en 2022 y que la actividad no abrió hasta octubre de 2025 “por incumplimientos o servicios que tenía que poner el Ayuntamiento y no ponía”.
Afirma que “hemos intentado subsanar el error” y que tras la inauguración el 2 de octubre mantuvo, el 14 de octubre, una reunión con Urbanismo, Contratación y Alcaldía.
“Faltaban partes y decidimos seguir adelante”, señala, añadiendo que el Ayuntamiento “resolvería los baños y se comprometía a servicios portátiles”.
Tras verse obligado a interrumpir la actividad, una vez precintada la instalación, el empresario denuncia “hostigamiento” hacia su persona recordando que una discoteca, que gestionó en los últimos años, fue "perseguida y precintada".
Al detectar la movilización en el exterior del Ayuntamiento, el alcalde capitalino, David de Vera, no dudó en acercarse hasta los manifestantes para tratar de explicar que el precinto “responde exclusivamente al incumplimiento de requisitos legales esenciales y a criterios de seguridad, no a decisiones arbitrarias ni políticas”.
De kiosko de chuches a bar cafetería
Un mensaje en el que la corporación municipal ha vuelto a insistir este martes, a través de una nota de prensa.
Según detalla se detalla en el comunicado remitido, la concesión del servicio fue resuelta el 21 de octubre de 2022, quedando el inicio de la actividad condicionado al cumplimiento de obligaciones como la licencia de apertura, los seguros obligatorios y la acreditación de medios materiales y humanos.
Cabe destacar que la concesión se otorgó después de que la corporación sacara a licitación "un pliego incompleto, con muchas deficiencias", recalcan fuentes municipales, y que contemplaba un bar cafetería donde hasta entonces había existido un kiosko de chucherías. Sin agua, sin luz y sin adecuación a la normativa.
El concurso quedó desierto y se llevó a cabo un procedimiento negociado sin publicidad por el que se otorgó la concesión directamente a Sanz. Todo acorde a la ley..
No obstante, el inicio efectivo de la actividad quedó condicionado al cumplimiento de una serie de obligaciones legales y contractuales imprescindibles, entre ellas la obtención de la licencia de apertura, la contratación correcta de los seguros obligatorios y la acreditación de los medios materiales y humanos necesarios.
Sin embargo, un acta de la Policía Local, fechada el 3 de octubre de 2025, constató que la actividad se desarrollaba “sin licencia de apertura ni seguro de responsabilidad civil válido”.
Los informes técnicos posteriores señalaron, entre otros incumplimientos, “la falta de pago del canon correspondiente a las anualidades 2024 y 2025”, la inexistencia de seguros a nombre del concesionario, la ausencia de formación acreditada del personal y la carencia de inscripción en el registro sanitario.
También se advirtió de la falta de autorización para una actividad clasificada con instalación de gas en un kiosco de madera, “con el riesgo que conlleva”.
Ante esta situación, el 5 de noviembre de 2025, el órgano de Contratación requirió formalmente a la adjudicataria para que subsanara las deficiencias detectadas. Sin embargo, transcurrido ampliamente el plazo concedido, de diez días, no se acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Con posterioridad, el pasado 31 de diciembre, la Policía Local levantó acta al constatar que se estaba celebrando una fiesta a pesar de mantenerse las irregularidades señaladas.
Ante esta situación, destaca el comunicado, el Ayuntamiento acordó el 19 de enero de 2026 la suspensión inmediata de la actividad y el inicio del procedimiento de resolución contractual, insistiendo en que su actuación obedece a la “obligación legal de actuar cuando no se cumplen las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente”.
La defensa de la seguridad, la legalidad y el correcto uso de los espacios públicos es una responsabilidad irrenunciable de esta administración, constata el escrito.
Con posterioridad al precinto, el empresario presentó en Urbanismo la documentación pertinente para lograr el imprescindible título habilitante.
Ahora, los técnicos del Ayuntamiento están analizando la documentación y el proyecto presentado por el empresario para determinar si cumple con la normativa vigente.
Por su parte, Sanz asegura, en una nota de audio remitida a Radio Insular, que la información difundida por la corporación pública no se ajusta la realidad y pide su rectificación advirtiendo de que, de lo contrario, acudirá a la vía judicial. "Tienen hasta hoy por la tarde para rectificar...les pondré una querella por difamación", sin descartar antes un acto de conciliación.