El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado una declaración institucional en defensa de la pesca artesanal canaria ante la aplicación del nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea, una normativa que, según advierten las cofradías de pescadores del Archipiélago, pone en riesgo la supervivencia de la flota artesanal costera y el sustento de numerosas familias vinculadas al sector.
La presidenta insular, Lola García, expresó el respaldo “rotundo” de la Corporación al sector primario y, en particular, a los profesionales de la pesca artesanal. En este sentido, subrayó que el reglamento evidencia “un desconocimiento de la realidad del sector pesquero tradicional y de proximidad en Canarias”, motivo por el cual el Cabildo solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que traslade las demandas del sector a las instituciones europeas.
Desde la Federación Regional de Cofradías de Pescadores y las federaciones provinciales se alerta de que el Reglamento (UE) 2023/2842 introduce obligaciones difíciles de asumir para la flota artesanal canaria. Entre ellas, destaca el preaviso de llegada a puerto con un mínimo de cuatro horas para embarcaciones de 12 metros o más, incluso cuando faenan muy cerca de la costa, así como la obligación de declarar todas las capturas desde el denominado “kilogramo cero”, sin que exista capacidad técnica real en muchas embarcaciones.
Estas exigencias, según el sector, generan inseguridad jurídica, riesgo de sanciones desproporcionadas e incluso posibles afecciones a la seguridad marítima, comprometiendo la viabilidad económica de la pesca artesanal, el empleo en las zonas costeras y el equilibrio social y económico de islas como Fuerteventura.
Por todo ello, el Pleno del Cabildo insta al Ministerio a interceder ante la Comisión Europea para que se apliquen de forma efectiva las flexibilidades previstas para las Regiones Ultraperiféricas, adaptando la normativa a las singularidades de la flota artesanal canaria. Asimismo, se defiende el principio de proporcionalidad y se solicita la exención o adaptación de los aspectos más lesivos del reglamento para la flota de bajura.
El acuerdo aprobado será trasladado al Gobierno de España, a la Comisión Europea y a las cofradías de pescadores de Canarias, como muestra del apoyo institucional a un sector clave para la identidad, la economía y la cohesión social del Archipiélago.
