El Gobierno de Canarias elevará hasta los 50.000 euros anuales el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales, una medida que podría beneficiar a unos 11.000 autónomos en el Archipiélago y que busca aliviar la carga fiscal y administrativa de este colectivo.
El anuncio fue realizado este miércoles por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, quien destacó que esta iniciativa permitirá simplificar la gestión tributaria y favorecer el emprendimiento en un contexto marcado por la inflación y el aumento de los costes.
Menos burocracia y más facilidad para emprender
El nuevo régimen, enmarcado en el Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP), permitirá a los autónomos que no superen ese volumen de ingresos no repercutir IGIC en sus facturas, a cambio de no poder deducir el impuesto soportado en sus compras.
Además, esta medida reducirá significativamente las obligaciones fiscales, pasando de cinco declaraciones anuales a una única declaración, lo que simplifica la relación con la Agencia Tributaria Canaria y disminuye el riesgo de errores o requerimientos administrativos.
“Es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas”, señaló Domínguez, quien subrayó que se trata de un “desahogo en las cargas administrativas”.
Canarias, referente en la aplicación de la normativa europea
Con esta iniciativa, Canarias se posiciona como la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, elevando el umbral hasta los 50.000 euros, por encima de la media europea, que se sitúa en torno a los 40.000 euros.
El vicepresidente autonómico también criticó la falta de adaptación de la normativa estatal a la directiva europea, recordando que España sigue sin aplicar la exención del IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales.
Aplicación progresiva a partir de 2026
La intención del Gobierno regional es que el nuevo umbral entre en vigor el 1 de julio de 2026, mientras que a partir del 1 de enero de 2027 los autónomos acogidos a este régimen solo tendrán que presentar una declaración anual de IGIC, eliminando las autoliquidaciones trimestrales.
Para Domínguez, esta medida supone un avance en términos de justicia fiscal y refuerza el compromiso del Ejecutivo con el tejido productivo del Archipiélago.
Apoyo integral al colectivo autónomo
El vicepresidente destacó que esta iniciativa se complementa con el Plan Respaldo Autónomo, que incluye medidas de apoyo a la conciliación laboral, la contratación, las bajas por incapacidad y la inversión, mediante la bonificación de intereses en préstamos.
“Se trata de acompañar al autónomo desde el inicio de su actividad hasta su consolidación, evitando que la burocracia sea un obstáculo para emprender”, concluyó.
