La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha intensificado el trabajo conjunto con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para activar mecanismos que permitan el inicio de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) antes del 31 de noviembre.
La medida busca desbloquear la contratación de docentes, coordinadores y personal administrativo necesario para poner en marcha un total de 90 proyectos aprobados en la convocatoria de 2025, cuyo inicio está previsto para 2026.
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó que los PFAE en Canarias tienen una duración de once meses y medio y que han sufrido dificultades derivadas de cambios normativos que impidieron la contratación de los equipos técnicos.
Según detalló, la finalización del marco excepcional de contratación establecido por la disposición adicional novena de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, generó obstáculos jurídicos que han afectado a la puesta en marcha de estos programas en distintas administraciones locales.
Creación de listas específicas
Para solventar la situación, el SCE trabaja junto a la Fecam y la Federación Canaria de Islas (Fecai) en la creación de listas oficiales de personal docente y administrativo que permitan a los ayuntamientos y cabildos disponer de profesionales cualificados para reactivar los programas sin perder financiación.
Además, se prevé la elaboración de listas específicas por especialidades para auxiliares administrativos, facilitando los llamamientos necesarios para la ejecución de los proyectos.
La consejera destacó que más de 1.350 personas podrán beneficiarse de estos programas y subrayó la importancia de mantener su operatividad para favorecer la inserción laboral de personas desempleadas.
Inversión récord en 2024
El Servicio Canario de Empleo alcanzó en 2024 una inversión superior a los 51 millones de euros en este ámbito. No obstante, la imposibilidad de contratar personal técnico tras la entrada en vigor de la Ley 3/2023 provocó que varias administraciones se vieran obligadas a renunciar a proyectos y a devolver fondos concedidos.
Desde la Consejería se confía en que los mecanismos articulados permitan garantizar la ejecución de los PFAE durante el segundo cuatrimestre del año y asegurar la continuidad de estos programas en la convocatoria de 2026.
