Un total de 14 municipios canarios, cinco de ellos de gran relevancia turística, como son Arona, Adeje, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y La Oliva, acaparan el 81,3% del incremento de viviendas entre 2011-2021 y sobrepasan en 20,7 puntos porcentuales el aumento poblacional del conjunto de las islas. Así se constata en el informe ‘Población versus vivienda en Canarias. Un reto pendiente’, hecho público este viernes por el Colegio de Economistas de Las Palmas.
Además, al sumar estos cinco municipios turísticos y los dos constituidos como zonas dormitorio de éstos -Granadilla de Abona y Santa Lucía de Tirajana-, se observa que, en el conjunto de Canarias, estos siete municipios representan el 61,8% del aumento total de viviendas en el archipiélago durante el período 2011-2021. Paralelamente, su crecimiento poblacional constituye el 62,6% del incremento demográfico general en las islas.
El decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibíades Trancho Lemes, subrayó durante la presentación del informe que, “el comportamiento de cada isla en lo que a la vivienda y población se refiere es dispar, según se deduce de las distintas variables analizadas y, en consecuencia, no se deben tomar decisiones generalizadas que no contemplen las especificidades de cada una de ellas”.
Por su parte, la coordinadora del informe y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez Díaz, señaló que “son mayormente los municipios turísticos los que contribuyen a los elevados precios de compraventa y alquiler”.
El problema del binomio vivienda-población se encuentra enquistado al menos desde 2011, año que marca el final de un periodo en el que se registró el mayor incremento de viviendas y de población, fundamentalmente de la extranjera, que lo hizo de 2000 a 2011 en un 236%, representando en la actualidad en torno al 20% de la población, al cifrarse en 445.293 personas. De este aumento, Tenerife acumula prácticamente la mitad, mientras que la otra mitad se concentra en el conjunto de las islas de la provincia de Las Palmas.
Tenerife es también la isla que cuenta, en 2023, con un mayor número de demandantes de vivienda de protección, el 53,1%, frente al 44,3% del conjunto de las islas de la provincia de Las Palmas, y la que tiene un mayor stock de viviendas nuevas sin vender, 18.152 en 2022, mientras que Las Palmas acumula 11.835 viviendas.
Desde 2011 hasta 2021, el aumento de viviendas superó al de la población, y, a pesar de ello, se evidencia la persistencia del problema en la oferta de viviendas, agudizándose la necesidad de abordar esta discrepancia para garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado que armonice el crecimiento de viviendas con el incremento poblacional en toda Canarias.
En lo que respecta al parque de viviendas, se desprende que pierde peso el régimen en propiedad en favor del alquiler, que pasa de representar un 16,2% en 2011 a un 22% en 2021, lo que lleva a Canarias a ocupar los primeros puestos en viviendas de alquiler en el país. Asimismo, del total de hogares extranjeros, el 50% vive en régimen de alquiler, el 42% en régimen de propiedad y el 8% en otro tipo de régimen.
Mientras todo ello sucede, la Administración pierde de vista el rápido avance económico y social que conduce a un estilo de vida que ha ido cambiando en el tiempo y a unas tendencias habitacionales que también lo han hecho. El tamaño de los hogares ha ido descendiendo y en 2020 los integrados entre una y cuatro personas representaron el 92,9%, destacando, particularmente, los de una y dos personas que conjuntamente suponen el 53,3%. Por tanto, se requiere de un mayor número de viviendas, si bien de menores dimensiones. “Para dar cobertura a esta situación es fundamental, no solo construir viviendas sino fomentar su rehabilitación, a fin de su adaptación a las necesidades habitacionales del momento”, destaca Rosa Rodríguez.
En este sentido, sostiene que, “si en el archipiélago se hubiesen construido viviendas de protección oficial en niveles del entorno de la media nacional, en la actualidad se dispondría de muchas más viviendas que darían cobertura con creces a los demandantes actuales inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, que según el Gobierno de Canarias ascienden a 25.269 familias, afectando de forma dispar a cada isla. Este dato contrasta con el stock de vivienda nueva sin vender que se cifra, en 2022, en 29.987 unidades, así como el fuerte volumen de viviendas vacías que ascienden a 211.331”.
Ineficiencia administrativa a lo largo del tiempo
En este sentido, ha afirmado que “aunque por parte de los poderes públicos se insiste cada vez más en la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y a precios asequibles para personas con dificultades, estamos ante un problema que ellos mismos han ido generando a lo largo del tiempo”.
El hecho de que sean muchas las Administraciones Públicas a decidir, ha derivado en “muy poca agilidad y diligencia en la gestión para la promoción de vivienda pública y/o protegida y resto de ayudas a jóvenes y colectivos vulnerables, aún cuando cuentan con recursos económicos suficientes para ello”. Estas ineficiencias recaen en los particulares -pequeños y medianos-, con las restricciones al precio del alquiler de sus viviendas en el mercado libre en zonas tensionadas -aún pendientes de declarar- y por una mayor protección al inquilino frente a los desahucios, lo que resulta en indefensión para los arrendadores.
El decano del Colegio de Economistas de Las Palmas ha concluido que “tal vez sea el momento para hacer confluir y coordinar a todas las administraciones públicas de Canarias en materia de vivienda para conocer el parque de vivienda público real, el suelo disponible, las características de las viviendas a construir y/o rehabilitar y el régimen de tenencia, así como para actualizar los módulos a aplicar en la construcción y alquiler, agilizar las licencias de obras, entre otros aspectos”.
Asimismo, ha sugerido dar cabida también al sector privado, colegios profesionales y especialistas en la materia y todos aquellos colectivos que de alguna manera se encuentran vinculados con la promoción, construcción, venta y/o alquiler de viviendas.
