El Gobierno de Canarias ha advertido de que el Pacto Europeo de Migración y Asilo podría no resultar eficaz si no se tiene en cuenta el papel de las regiones frontera, como el archipiélago, en el diseño de las políticas migratorias.
Así lo trasladó el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, durante la reunión del grupo de trabajo sobre Migración de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), celebrada en Bruselas.
Durante su intervención, Caraballo expresó la preocupación del Ejecutivo autonómico por el impacto que la entrada en vigor del acuerdo, prevista para el próximo mes de junio, pueda tener en Canarias, un territorio que soporta una elevada presión migratoria.
En este sentido, señaló la necesidad de que las regiones que gestionan la migración en primera línea participen en la toma de decisiones, así como de que se reconozca la singularidad de la Ruta Atlántica como un sistema migratorio diferenciado del Mediterráneo.
El viceconsejero también destacó que el nuevo reglamento de triaje incluido en el pacto podría implicar estancias más prolongadas de las personas migrantes en Canarias, que podrían alcanzar hasta seis meses, frente al tiempo medio actual de un mes. A su juicio, esta situación sería difícil de asumir para un territorio limitado y fragmentado como el archipiélago.
Asimismo, el Gobierno de Canarias reclama una mayor financiación por parte de la Unión Europea y que los fondos previstos en el pacto se adapten a las características específicas de las regiones ultraperiféricas, mediante su regionalización.
Caraballo reiteró también la necesidad de establecer mecanismos automáticos de derivación de personas migrantes hacia la península y otros Estados miembros, especialmente en territorios con alta presión migratoria, y mostró su rechazo a la externalización de centros de acogida fuera de la Unión Europea a cambio de financiación.
En relación con los menores migrantes no acompañados, el Ejecutivo autonómico plantea la creación de un sistema europeo de protección que incluya reubicación obligatoria, financiación estable y estándares comunes de atención.
Por otro lado, el viceconsejero expresó su preocupación por la exclusión de Canarias en la elaboración de los planes nacionales para aplicar el pacto, pese a ser una de las comunidades más afectadas por la llegada de migrantes por vía marítima.
El Gobierno de Canarias considera que aún es posible avanzar hacia un modelo de gobernanza multinivel que incluya a las regiones en la toma de decisiones y en el que la solidaridad entre territorios sea obligatoria.
