La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias iniciará el próximo 16 de marzo el proceso de consulta pública previa del anteproyecto de Ley de Gestión del Litoral y las Costas Canarias, una norma destinada a adaptar la legislación estatal a las particularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas del archipiélago.
El proceso permitirá a la ciudadanía y a las organizaciones interesadas presentar aportaciones hasta el 16 de abril de 2026 a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, antes de la redacción definitiva del anteproyecto.
La iniciativa responde al mandato recogido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que otorga a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, respetando al mismo tiempo el régimen general del dominio público marítimo-terrestre.
El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, explicó que el objetivo es dotar al archipiélago de un marco normativo propio que permita gestionar el litoral de forma adaptada a la realidad insular, tras el traspaso de competencias realizado en 2023.
Según señaló, la futura ley pretende equilibrar el desarrollo económico y social con la protección de los ecosistemas costeros, garantizando la sostenibilidad de uno de los espacios más valiosos del territorio canario.
El litoral del archipiélago se extiende a lo largo de 1.126 kilómetros de costa, con una configuración discontinua propia de un territorio insular. En este espacio se concentra una parte importante de la población residente y de las principales actividades económicas, especialmente las vinculadas al turismo, al mismo tiempo que alberga ecosistemas marinos de gran valor y fragilidad.
La futura norma busca adaptar las determinaciones de la legislación estatal a la realidad de Canarias, integrando la gestión del litoral dentro de la planificación ambiental, territorial y urbanística del archipiélago y estableciendo un marco competencial claro que refuerce la seguridad jurídica.
Además, la ley se basará en principios como el desarrollo sostenible, la gestión integrada del litoral, la conservación de los ecosistemas costeros, la adaptación al cambio climático y la participación ciudadana, teniendo en cuenta también la mejor evidencia científica disponible.
El anteproyecto prestará especial atención al reparto de competencias entre la administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar una gestión coordinada de un espacio estratégico para el archipiélago.
Con este proceso de consulta pública, el Gobierno de Canarias abre la puerta a que la ciudadanía, entidades sociales y sectores económicos vinculados al litoral puedan participar en la elaboración de la futura ley, aportando propuestas y sugerencias antes de la redacción definitiva del texto legislativo.
