La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV ha llevado a los Tribunales de Justicia a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, "por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura Ley que pretenden aprobar en relación con las viviendas vacacionales", según denuncian en un comunicado.
La demanda ya sido admitida a trámite, destaca la entidad, "por inadmitir el acceso a la consulta pública, tramitándose actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias".
Ascav explica que el pasado 7 de diciembre de 2023, solicitó a la Consejería de Turismo copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública, instando a que se entregaran debidamente anonimizadas.
Sin embargo, asegura, la Consejería de Turismo "negó el acceso a esas alegaciones, esgrimiendo un motivo que ni siquiera está previsto en la Ley de Transparencia". Al parecer, indicó que “no se dispone de medios suficientes para realizar tareas de anonimización de las citadas aportaciones”. En este punto, la asociación insiste en que "las alegaciones se presentaron por la ciudadanía a través de internet, distinguiéndose separadamente los campos de nombre y apellido", con lo que, recalca, "era muy sencillo" filtrar tan solo el contenido de las alegaciones.
Auténtica Oda a la Restricción
Ascav asegura que la Consejería se ha limitado a realizar un “Informe definitivo de la necesidad normativa” que califica como "auténtica Oda a la Restricción” o “Manifiesto Anti-Vivienda Vacacional”, redactado por el propio Gobierno de Canarias a fin de tener el respaldo necesario "que justifique su normativa anti-vivienda vacacional".
En ese informe, indica, la Consejería se ha limitado a clasificar las consultas en grupos, según los criterios estimados por la propia Consejería, pero sin permitir el acceso al contenido mismo de las alegaciones propiamente dichas.
Pero lo que es más grave, subraya, es que "el Gobierno de Canarias ha ocultado a la ciudadanía que más del 70% de las alegaciones que se presentaron por la ciudadanía en la consulta pública fueron en contra de la futura Ley".
La Ley de Transparencia 12/2014, de 26 de diciembre, establece como principio general que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico” , estableciéndose además que tal derecho solo puede ser limitado por causa tasadas muy concretas. En estas causas, recalca, "no consta no disponer de medios, como argumenta el Gobierno de Canarias".
