María Franco: “Estamos valorando si recurrimos para no prolongar más un procedimiento que afecta a 36 opositores”

No se anula el procedimiento, vuelta al primer examen

 

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario decidirá antes del día 12 si recurre la sentencia en primera instancia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria por la que declara la nulidad de la composición del Tribunal Calificador del proceso selectivo por vulnerar la paridad.

 El Juzgado ha estimado íntegramente el recurso presentado por Intersindical Canaria contra el Ayuntamiento de Puerto del Rosario por este procedimiento convocado para cubrir, por turno libre, cuatro plazas de Técnico/a de Administración General.

Ahora el Ayuntamiento valora si recurrir la sentencia, que no es firme, al entender que el equilibrio no se vulnera si se tienen en cuenta los hombres y mujeres que conforman el tribunal, entre titulares y suplentes.

“Nosotros entendíamos que sí cumplíamos, y con esas consultas jurídicas hechas por varias vías, sí cumplíamos”, explicó  la concejala de Contratación y Personal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, María Franco, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.

Así, recordó que el Consistorio cuenta con una empresa externa de asesoramiento jurídico, contratada precisamente para este tipo de cuestiones, y que también se realizaron consultas antes de continuar con el proceso. “Nunca nos dijeron que estuviesen mal constituidos”, apuntó.

En esta situación, la corporación valora el impacto que pueda tener un posible recurso entre los 36 opositores. Franco puso el acento en la necesidad de no generar más incertidumbre entre los aspirantes y subrayó que la sentencia no anula el proceso, sino que obliga a volver al momento administrativo en el que se designó el tribunal; es decir, “donde hay un hombre se pone una mujer y volveríamos a repetir el primer examen”, resumió.

Según indicó la concejala, también hay algunos aspirantes que coinciden con el criterio municipal y consideran que el tribunal estaba bien constituido por lo que no se descarta que a título personal recurran la sentencia.

Una OPE de 2023, que se va dilatando en el tiempo

 

El proceso forma parte de la Oferta Pública de Empleo de 2023, una OPE amplia que incluía numerosas plazas ocupadas por personal interino. Franco explicó que, antes de impulsar los procedimientos, el Ayuntamiento tuvo que aprobar unas bases generales y ordenar cuestiones que hasta entonces no estaban suficientemente reguladas. Entre ellas, la ordenanza fiscal de tasas por derechos de examen.

“La anterior legislatura se cobraba, dependiendo para quién, se cobraban unas tasas u otras”, afirmó la concejala, que defendió que el actual grupo de gobierno optó por regularizar esa situación. “Nosotros nada más llegar lo que hicimos fue ordenarlo”, añadió.

Franco también recordó que las bases generales fueron llevadas a la mesa de negociación y que contaron con el voto favorable de Intersindical Canaria. Posteriormente, según explicó, el sindicato acudió a la vía judicial contra distintos aspectos del procedimiento. “No tiene sentido que los propios miembros que aprueban denuncien algo que era tan básico como las tasas, la compulsa”, señaló. Con la vía judicial, se dilató el proceso en el tiempo hasta que la justicia dio la razón al Ayuntamiento, “un año y medio después”.

En cualquier caso, María Franco dejó claro que el Ayuntamiento no seguirá avanzando sin garantías. “Vamos a parar, vamos a ser prudentes”, afirmó.

La situación no afecta únicamente a las cuatro plazas de técnico administrativo de esta oposición. La concejala confirmó que Intersindical Canaria ha presentado demandas en otros dos procedimientos, el de bomberos y el de arquitecto técnico, también por la composición de los tribunales.

El Ayuntamiento esperará ahora a conocer esas resoluciones para evitar que los procesos puedan verse comprometidos.

Franco enmarcó esa prudencia en la experiencia de otros procedimientos anulados o corregidos en esta legislatura, pero heredados del mandato anterior. Citó el caso de tres bomberos cuyos nombramientos tuvieron que ser cesados por sentencia, al no estar las plazas incluidas en una oferta pública de empleo. También mencionó el cese de un técnico informático y la regularización de puestos de veterinaria. “Teníamos en la RPT del Ayuntamiento dos puestos de técnicos de veterinaria, un puesto de técnico de veterinaria, y había dos técnicos”, recalcó.

Franco explicó que la labor del gobierno ha sido “regularizar procedimientos, regularizar puestos que estaban de manera bastante irregular dentro de la administración”.

"No queremos crear alarma social"

 

En este sentido fue muy crítica con la anterior responsable de Personal, Peña Armas, lideresa de  Fuerteventura Avanza; formación política en la oposición que difundía recientemente un comunicado denunciando una gestión del área convertida en “escándalo institucional”.

 “Nosotros lo que no queremos crear es alarma social”, respondió María Franco. A su juicio, ese tipo de comunicados no ayudan ni al gobierno ni, sobre todo, a los aspirantes. “No me parece justo para los aspirantes crear esta alarma social, esta desinformación”, reprochó.

La concejala defendió además la profesionalidad del personal municipal y de quienes integran los tribunales, funcionarios de carrera y técnicos de distintas administraciones. “No vamos a tolerar estos comentarios”, afirmó, al considerar que ponen en duda el trabajo de quienes deben garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Una bolsa de servicios "antes de finalizar el año"

 

La entrevista abordó también la contratación pública y la implantación del Sistema Dinámico de Adquisición, una herramienta con la que el Ayuntamiento pretende seguir reduciendo el recurso al contrato menor. Franco reconoció que el proceso va “más lento” de lo previsto, pero defendió que se trata de un sistema complejo y nuevo para la administración municipal.

“Vamos lentos, más lentos de lo que nos hubiese gustado ya tenerlo implantado”, admitió. La intención, explicó, es tener creada “por lo menos a final de año” la bolsa de empresas de servicios que permitirá tramitar contratos específicos de forma más ágil. Una vez implantado, las empresas podrán incorporarse de forma continua y optar a servicios vinculados a su actividad.

También avanzó que la parte de obras y suministros no se podrá culminar en esta legislatura aunque tratarán de establecer las bases para su desarrollo a partir de 2027.

Por otro lado, la concejala defendió que en esta legislatura ya se ha reducido el uso de contratos menores y se han incrementado las licitaciones abiertas. Aunque no precisó el porcentaje exacto, aseguró que el cambio de modelo es evidente. “Todos los contratos se han materializado en licitaciones, en procedimientos abiertos, en mayor medida”, concluyó.