Ana Hernández: “Los okupas de Marlape no tendrán prioridad sobre quienes están en listas para vivienda pública”
Hay empresarios interesados en restablecer Marlape. Son palabras de la edil de Urbanismo de Puerto del Rosario, Ana Hernández, que recuerda que la resolución de demolición de la urbanización está dictada por lo que, aunque es posible, resultará complicado legalizar la situación. En caso de culminar el procedimiento sin acciones, el Ayuntamiento procederá a ejecutar la demolición. En esta línea, la concejala asegura que los okupas de los inmuebles no se van a quedar en la calle pero, advierte “tampoco van ellos antes que, a lo mejor, otras personas que están en la lista de la Vivienda de Protección Oficial". La edil también habló de la Central de Unelco y de la urbanización Rosa del Lago, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
Marlape: Viviendas sin licencia ni seguridad
La concejala de Urbanismo de Puerto del Rosario, Ana Hernández, destacó la complejidad del expediente de la urbanización Marlape, en la zona de Playa Blanca, en Puerto del Rosario sobre la que pesa una resolución de demolición. Si culmina el procedimiento sancionador —que contempla hasta diez multas coercitivas— y el Sareb, titular de los inmuebles, no reacciona, el Consistorio valorará cómo proceder a la ejecución, incluso por fases, para restablecer la legalidad urbanística.
Hernández recordó que las 85 viviendas afectadas y okupadas se realizaron sin título habilitante, por lo que “urbanísticamente es ilegal, no existe licencia urbanística para ese desarrollo”, insistió.
Tras las denuncias vecinales, el expediente de disciplina urbanística y de restablecimiento de la legalidad urbanística se tramitó con rigor técnico y jurídico, recalcó Hernández, insistiendo en que “la responsabilidad del político es velar por el cumplimiento de las normativas urbanísticas. Todo aquello que se haga al margen de la ley pone en riesgo la seguridad y los derechos de quienes sí cumplen”.
Sobre la posibilidad de legalización, Hernández recordó que “sí se podría haber legalizado, pero el tipo de suelo lo impide”. Aun así, no cierra la puerta a una solución y confiesa tener la esperanza de que “el Sareb piense, porque al final también pierde muchísimo, y ya nos han llegado muchos empresarios que dicen: ‘oye, yo quiero comprarlo, ¿cómo es?’, por lo menos preocupados y ocupados en cómo pueden restablecer esa legalidad”.
Si durante el proceso apareciese alguien que restablece la legalidad urbanística, perfecto, dijo. “Es complicado, pero si se hace como marca la ley, con sus viales y su cesión del 10%, se podría tratar como un nuevo desarrollo”, subrayó.
Es una posibilidad que, de no materializarse, llevaría a la ejecución forzosa, a la demolición de los inmuebles en un plazo máximo de diez años que la corporación no prevé agotar por lo que no descarta echar abajo las viviendas en esta misma legislatura.
Okupas en situación de NO vulnerabilidad
La corporación tiene claro que debe cumplir con la legalidad urbanística teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las familias que residen allí. En este punto, precisó que los informes sociales relativos a los residentes reflejan que la gran mayoría no está en una situación de vulnerabilidad real.
En todo caso, recalcó, “tampoco van ellos antes que, a lo mejor, otras personas que están en la lista de la Vivienda de Protección Oficial, resaltó.
En este sentido, anunció que ya se han iniciado nuevas promociones públicas en el municipio. “Hace más de 20 años que no se tenía una promoción pública, ya la tenemos. Son 77 viviendas, de las cuales 22 ya tienen licencia y movimiento de tierras”.
Además, el Ayuntamiento impulsa el desarrollo de los planes parciales R1 y R7, para ampliar la oferta residencial. “Nuestra responsabilidad política es cumplir con las normas, pero también impulsar esa carencia que se tiene de vivienda”, añadió.
Rosa del Lago, un plan parcial incluido en el PGOU de Puerto del Rosario
La entrevista también abordó la reactivación de la urbanización Rosa del Lago; un proyecto turístico con 2.500 camas cerca de Puerto Lajas. Hernández explicó que esa licencia es de 1989 y se reactivó en 2020.
En 2017, el Plan General de Ordenación Urbana de Puerto del Rosario incorporó el plan parcial aprobado a finales de los 80 por lo que la corporación se encuentra imposibilitada para impedir su desarrollo. Además, los promotores ya cedieron en su momento el 10% de la superficie que deben ceder todos los planes parciales, desveló la edil.
Ana Hernández fue tajante al marcar posición política. “Desde Coalición Canaria entendemos que ese no es el modelo turístico que queremos para Puerto del Rosario. No vamos a permitir ampliaciones ni una modificación del plan parcial”.
De momento se descartan la playa artificial, que no tiene permisos, y el campo de golf “que no cuenta con autorización final” mientras continúan las negociaciones con los empresarios para reducir el número final de camas.
Primer informe negativo para la central eléctrica de El Charco
Sobre la central eléctrica del Charco, la concejala confirmó que “es la primera vez que Urbanismo ha hecho un informe claro donde ha dicho no a la ampliación de la instalación de un transformador”, por medio de una resolución técnica y jurídica, desfavorable.
Denunció que el proyecto “está fuera de ordenación, según el plan general, y vamos a defenderlo”, aseveró, lamentando que “el Gobierno de Canarias nos quitó las competencias con el famoso 6B”.
Ana Hernández reconoció que el Plan General de Ordenación Urbana tiene numerosos fallos, “pero aquí estuvieron acertadísimos y luchando por ese desmantelamiento”.
Desde la corporación, la edil aseguró que ya se presentaron alegaciones al plan energético estatal por lo que confía en que el texto incluya el traslado de la central fuera del entorno urbano donde está ubicado.
“Si no lo incluyen en el plan energético estatal, entonces se han reído de nosotros y de todos los que aquí residimos”, zanjó.