Raúl Miranda, tras la declaración del alcalde de Betancuria: “Hemos negado todas las acusaciones porque entendemos que no se ha cometido ningún tipo de delito”

A la salida de los Juzgados
El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, y la secretaria e interventora municipal, Elena Puchalt, declararon este jueves 16 de abril en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario en el procedimiento por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación de caudales públicos y acoso laboral. Han rechazado todas las acusaciones entendiendo no haber cometido delito alguno.

El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, y la interventora municipal, Elena Puchalt, no han querido hacer manifestaciones a la salida del juzgado pero sí lo ha hecho su abogado defensor, Raúl Miranda. A lo largo de hora y media, de declaraciones, "hemos negado todas las acusaciones, todos los hechos, porque entendemos que no se ha cometido ningún tipo de delito; no hay infracciones ni siquiera de carácter administrativo, todo se ha hecho en base a interpretaciones de la ley y no hay ninguna infracción”, afirmó con contundencia. 

En esta misma línea mostró su confianza en que no se abran diligencias, "y si los juzgados estiman que hay que abrirlas;  pues asumiremos el juicio".

Miranda aseguró estar convencido de que "ellos no han cometido ningún delito". Tampoco los presuntamente cometidos en el plano de acoso laboral. Aseguró que se ha puesto el protocolo en marcha aunque no se ha podido culminar porque "entre el Gobierno autonómico y el Cabildo no han dado la solución que tienen que dar". 

Cabe recordar que la investigación se centra, por un lado, en un pago de 53.391 euros ordenado en agosto de 2024 por Enrique Cerdeña sin contar con la aprobación del Pleno. La Fiscalía cuestiona que se haya incluido, según la denuncia, en la relación de contratos menores pese a superar el límite legal de 40.000 euros para obras.

Por otro lado, la denuncia también pone el foco en la contratación de empresas externas para asumir “funciones públicas legalmente no delegables de asesoría jurídica municipal”, pese a existir en el Ayuntamiento una funcionaria con ese puesto y, según la Fiscalía, con “capacidad y experiencia”.

A ello se suma la exclusión reiterada de esa trabajadora de las mesas de contratación y una serie de actuaciones que el Ministerio Fiscal describe como “humillantes” y “hostiles”, con referencias a “incomunicación profesional” y “aislamiento físico”.

La declaración de este jueves se produce, además, en un momento de debilidad política en el grupo de gobierno de Betancuria, que  quedó en minoría tras la renuncia a sus áreas de la primera teniente de alcalde,  Esperanza González Méndez.