La iniciativa se articula mediante el Acuerdo de Fuerteventura para la declaración de Obligación de Servicio Público de la conexión marítima directa con la Península, presentado durante una reunión convocada por la presidenta del Cabildo, Lola García, y suscrita por los representantes municipales, salvo Betancuria, portavoces de los grupos políticos insulares y el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. 

La movilización surge tras la suspensión, el pasado 30 de junio, de la conexión directa con Cádiz. Según la comunicación remitida por la Dirección General de la Marina Mercante a la Presidencia del Cabildo, la escala de Puerto del Rosario no figuraba como una obligación expresa en el contrato de 2021, sino como una “mejora” ofrecida por la empresa adjudicataria.

La conexión con Puerto del Rosario "sólo estaba como una mejora”, recalcó García, advirtiendo de las consecuencias de la pérdida de esta ruta “no solo para las familias, sino también para la economía de nuestra isla y el tejido empresarial”.

La presidenta explicó que trasladó la preocupación al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y le pidió que intercediera ante el Estado. También informó de que el ministro Ángel Víctor Torres se puso en contacto con ella y le comunicó que abordaría el asunto con el responsable estatal de Transportes.

El Ministerio trabaja ahora en el estudio previo para redactar los pliegos de la nueva licitación. Para García, este es el momento de actuar y presentar una posición conjunta. “Es importante que vayamos todos a una y exijamos que contemple a la isla de Fuerteventura como línea de interés público y como obligación de servicio público”.

El acuerdo pone como precedente la incorporación obligatoria de La Palma mediante el Real Decreto-ley 20/2021, aprobado tras la erupción volcánica.

Las instituciones majoreras sostienen que esta decisión demuestra que el Gobierno de España dispone de capacidad jurídica para incluir como obligatorias las escalas en islas no capitalinas cuando lo requieran la cohesión territorial y económica.

 

Impacto económico: sobrecostes de hasta un 78% y la merma de los bolsillos

 

La eliminación de la conexión directa obliga a desviar pasajeros y mercancías a través de Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote. Según recoge el documento, esta operativa incrementa los costes del transporte marítimo entre un 70% y un 78%.

Los sobrecostes terminan repercutiendo en los consumidores y las pequeñas y medianas empresas, encareciendo productos básicos, alimentos perecederos, materiales de construcción, equipamientos y mercancías destinadas al sector primario.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, defendió que se trata de una ruta “esencial y prioritaria”, no solo para la capital, sino para toda Fuerteventura. A su juicio, su desaparición perjudica la competitividad, eleva los costes de importación y “va a dificultar el desarrollo económico de esta isla”.

De Vera destacó la fortaleza que representa la respuesta conjunta de las administraciones y las organizaciones económicas. “Hay una fortaleza del conjunto, del bloque, de la unión, defendiendo los intereses de Fuerteventura”, manifestó antes de anunciar que el Ayuntamiento llevará el documento al próximo pleno municipal.

También el alcalde de Antigua, Juan Cabrera, insistió en apartar las diferencias partidistas de esta reclamación. “Aquí no va de colores políticos. Entiendo que aquí debemos estar todos a una, mano a mano, para sacar los problemas que tenemos”. 

El alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, además consideró que la reclamación llega en el momento adecuado, porque el Estado todavía está elaborando el estudio previo.

En esa línea también se manifestaron, mostrando el apoyo de sus municipios, el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco; el alcalde de Tuineje, David Herrera.

El vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, por su parte reclama "celeridad" y la obligatoriedad de conexión directa con Fuerteventura en la próxima licitación.

También se pronunciaron en este sentido las consejeras Águeda Montelongo -en tono crítico con el gobierno estatal-, Sonia Álamo y Nuria Cabrera. 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Jesús Rodríguez Marichal,  advirtió de que la falta de conexión directa coloca al empresariado majorero en desventaja. “El empresario de Fuerteventura no es peor gestor; sí es menos competitivo, y es menos competitivo precisamente por cosas como estas”.

Asimismo, consideró “fundamental” que la escala deje de ser una mejora voluntaria para que Fuerteventura no tenga que volver a preguntarse, cada vez que se renueve el contrato, si será incluida.

Reactivación provisional y seguimiento permanente

 

El acuerdo reclama que Fuerteventura sea reconocida como un territorio con déficit estructural de conectividad y que Puerto del Rosario figure obligatoria y permanentemente en el nuevo contrato y en las sucesivas licitaciones.

También solicita al Ministerio una solución provisional para reactivar la escala mientras culmina la contratación definitiva, evitando que los sobrecostes continúen perjudicando a la economía insular.

Asimismo, plantea crear una Mesa Insular Permanente integrada por el Cabildo, los seis ayuntamientos, la Cámara de Comercio y los sectores económicos.

Su función será vigilar el avance del expediente y coordinar acciones institucionales, normativas o judiciales si Fuerteventura queda excluida.

El documento será trasladado al Gobierno de España, el Ministerio de Transportes, Marina Mercante, el Gobierno de Canarias y los representantes majoreros en el Parlamento canario, el Congreso y el Senado. También se invitará a colectivos, asociaciones y formaciones políticas a sumarse a una reivindicación común para toda Fuerteventura.