El Cabildo defiende los controles antidopaje pero critica la gestión de los positivos que aplazaron la final de lucha canaria en Fuerteventura
El consejero insular de Deportes, Luis González, defiende la necesidad de mantener controles antidopaje para garantizar la igualdad en la competición, pero ha cuestionado la gestión administrativa de los cuatro resultados analíticos adversos comunicados por la Federación Canaria de Lucha en el archipiélago; dos de ellos en Fuerteventura. El titular del área sostiene que la falta de una notificación efectiva de las suspensiones cautelares y el "ambiente caldeado" entre las aficiones llevaron a aplazar la final insular de lucha canaria como medida de prudencia.
Tras la polémica generada en Fuerteventura tras aplazarse la final del Torneo Obras Públicas Canarias – Sumytrans, que debía enfrentar al Maxorata y a la Unión de Antigua en el Terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo el pasado viernes, el consejero insular de Deportes defendió la realización de controles antidoping aunque criticó la forma en la que se han gestionado los positivos por parte de la Federación Canaria de Lucha.
En una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, explicó que el origen del conflicto se sitúa en la publicación por parte de la Federación Canaria de Lucha de cuatro resultados analíticos adversos en el archipiélago, dos de ellos correspondientes a luchadores del Unión Antigua. Fue el día 26 de junio, recalcó, cuando la resolución se hizo pública a través de la web de la propia Federación Canaria.
A partir de ese momento se abrió un procedimiento disciplinario que incluía la adopción de medidas cautelares.
El consejero hizo especial hincapié en que el principal problema no radicó en la existencia de los resultados analíticos adversos, sino en la tramitación posterior de los expedientes.
Según afirmó, las suspensiones cautelares no fueron notificadas de forma efectiva ni a los luchadores afectados ni al club, un trámite que consideró indispensable para que dichas medidas surtieran efectos y pudieran ser exigibles.
A su juicio, esa falta de notificación generó inseguridad jurídica sobre la participación de los deportistas en la final insular.
En este sentido, el club afectado, Unión Antigua, defendió que no había recibido una notificación válida de las suspensiones cautelares antes de la disputa de la final, por lo que entendía que los dos luchadores afectados podían ser alineados.
Las críticas desde Maxorata no se hicieron esperar. Kiren González, puntal, manifestaba públicamente en La Provincia que medirse en la final a un rival con dos luchadores sancionados cautelarmente por un positivo es un "escándalo" y aseveraba que "luchar esta final ante el Unión Antigua sería ser cómplices de esta situación".
Ante este escenario de posiciones enfrentadas entre los clubes implicados, y un "ambiente caldeado" se decidió retrasar la celebración de la final insular. La decisión, explicó el consejero, buscaba evitar que la incertidumbre jurídica derivara en un problema mayor durante el desarrollo del encuentro.
"El que hace trampas tiene que ser suspendido"
Durante su intervención insistió en que la Administración insular no cuestiona los controles antidopaje y defendió que cualquier deportista que incurra en una infracción debe asumir las consecuencias previstas por la normativa. Aquí hay que ser tajante, subrayó, "el que hace trampas en el deporte, sea en la modalidad que sea, tiene que ser suspendido", recalcando que "las reglas tienen que ser iguales para todos".
En esta línea también hizo hincapié en que los procedimientos deben respetar la presunción de inocencia y todas las garantías legales hasta que exista una resolución firme.
El consejero concluyó con una reflexión que trasciende el caso concreto de la lucha canaria defendiendo que el deporte debe seguir siendo un espacio de convivencia y respeto, alejado de comportamientos que puedan desembocar en episodios de violencia.
El consejero vinculó el clima de tensión generado alrededor de la final con un problema más amplio de violencia en el deporte, especialmente visible en determinados momentos de las competiciones de fútbol.
Recordó que el Cabildo ha implantado protocolos de protección de menores y contra la violencia en sus instalaciones y que, desde 2017, exige a los clubes que reciben subvenciones insulares contar con un delegado de protección del menor.
El consejero vinculó este problema con la educación y con la forma en que se entiende la competición, sobre todo al final de las temporadas, cuando aumenta la presión por ganar. No conseguimos atajar este tema, reconoció, es un tema dificilísimo.