Canarias refuerza el acceso a la vivienda pública con un nuevo decreto que exige hasta diez años de residencia ininterrumpida
El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y del régimen de adjudicación de viviendas públicas que introduce cambios sustanciales en el acceso al parque público, priorizando el arraigo y la necesidad social frente al sistema anterior basado en el sorteo.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó en el Parlamento que la norma supone “un cambio jurídico de fondo” orientado a garantizar un acceso más equitativo, transparente y vinculado a la realidad social del Archipiélago.
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo marco normativo es la exigencia de acreditar diez años de residencia ininterrumpida en Canarias para poder acceder a una vivienda pública. En caso de residencia discontinua, el requisito se amplía a quince años. Además, será necesario demostrar una vinculación efectiva con el municipio donde se ubique la promoción de vivienda protegida.
El decreto también incorpora el arraigo como condición estructural para inscribirse en el Registro de Demandantes, estableciendo la obligación de contar con al menos cuatro años de vecindad administrativa en Canarias.
Fin del sistema de sorteo
El nuevo modelo elimina el sistema de adjudicación mediante sorteo y lo sustituye por un procedimiento reglado de baremación, basado en criterios objetivos relacionados con la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes.
Según Rodríguez, este cambio refuerza la justicia social, la transparencia y la seguridad jurídica, al priorizar a quienes se encuentran en una situación real de necesidad habitacional.
Más protección para colectivos prioritarios
La norma incrementa los porcentajes de reserva para colectivos vulnerables, ampliando el cupo destinado a jóvenes, personas mayores, personas con limitaciones funcionales y víctimas de violencia de género, reforzando así el carácter social del sistema público de vivienda.
Con este decreto, el Ejecutivo autonómico pretende modernizar el marco jurídico de la vivienda protegida y consolidar un modelo que garantice que el parque público atienda prioritariamente a la población con arraigo real en Canarias, poniendo el foco en la equidad y en la función social de la vivienda.