ODESOCAN presenta una denuncia penal en Fiscalía contra la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo de Fuerteventura
Por su parte, AFFA ha presentado un contencioso administrativo y medidas cautelarísimas, tras la adjudicación del concierto social para la gestión del servicio de promoción a la autonomía personal en Fuerteventura a una entidad no acreditada. Tanto el Observatorio de los Derechos Sociales de Canarias como la Asociación de Familias con Alzheimer de Fuerteventura destacan que estas medidas se han adoptado tras agotar todas las vías previas y con el objetivo que no se establezca un precedente.
La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao, anunciaba en una rueda de prensa en el Hotel El Mirador de Fuerteventura la denuncia penal interpuesta por presunta prevaricación administrativa, contra la Consejería de Servicios Sociales que dirige Víctor Alonso en el Cabildo de Fuerteventura, por adjudicar el concierto social de autonomía personal a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo; una entidad “no acreditada”.
Tras “dar las gracias a AFFA por la valentía” de dar a conocer los hechos en el Observatorio, una entidad con la que lleva colaborando estrechamente desde hace tiempo, según destacó, Colao explicó que el Observatorio ha procedido a actuar una vez la asociación majorera elevó la solicitud de información sobre el concierto social de Fuerteventura vinculado a los servicios de promoción de la autonomía personal.
La directora situó el marco del concierto social, recordando que se aprobó “en el año 2022” tras reivindicaciones del tercer sector para disponer de “un marco de financiación” que estabilizara a las profesionales que atienden en domicilios.
El núcleo de su denuncia se centra en la acreditación de la entidad adjudicataria, la asociación Mundo Nuevo que “no cuenta con la acreditación para el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal” según pudieron constataron tras la emisión de informes por la Jefatura de Servicios de Acreditaciones y la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias.
La directora subrayó que, al tratarse de financiación vinculada al convenio de cooperación del sistema de dependencia, la acreditación no es una cuestión opcional. “Para esa financiación están obligadas las entidades a estar acreditadas para el servicio objeto del concierto. No solo ser entidad colaboradora de servicios sociales, sino estar acreditadas para ese servicio objeto”.
También señaló que la Dirección General de Dependencia “advirtió de que no es sustituible la figura de entidad colaboradora de servicios sociales con la figura de la acreditación del servicio”.
Estas cuestiones se comunicaron a distintas áreas y órganos del Cabildo, insistió, por lo que “hay pleno conocimiento sustancial por parte de todo el Cabildo de Fuerteventura de que existe una falta de acreditación en un servicio objeto del concierto”.
Colao quiso también dejar claro que una vez que el Observatorio recibió la solicitud para elevar información relacionada con el concierto social de Fuerteventura, las actuaciones pasan a ser "responsabilidad única, individual y transferible del Observatorio”, eximiendo a AFA y a ACUFADE de las decisiones posteriores.
Una acreditación, mucho más que un mero trámite
La presidenta de AFFA, Teresa Cabrera, visiblemente nerviosa y respaldada por buena parte del equipo de asociación majorera, explicó que la entidad decidió "no callar ante este situación" tras ser conocedora de las irregularidades constatadas en el procedimiento y que pueden afectar a la calidad del servicio que se presta.
Por eso, quiso dejar claro que la acreditación no es un trámite ni una simpleza, es una garantía que permite comprobar que una entidad cuenta con los medios, la organización, los equipos profesionales y las condiciones técnicas necesarias para prestar un servicio social especializado con seguridad y calidad, destacó.
Un proceso exigente que no habilita a todas las entidades. De hecho, AFFA es la única entidad acreditada en Fuerteventura para prestar este tipo de servicios.
“Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance antes de acudir al contencioso administrativo que hemos presentado” aseguraba antes de llegar a esta situación, “por responsabilidad”. AFFA también ha pedido medidas cautelarísimas.
Tenemos que conservar las garantías que da una acreditación, recalcó, añadiendo, que “no actuamos para impedir la prestación del servicio sino para asegurar que el servicio para personas especialmente vulnerables, con la que nosotros trabajamos, se preste con las garantías máximas de calidad, seguridad jurídica y correcta administración de los fondos públicos.
En esta misma línea se pronunció Elena Felipe, directora de ACUFADE; la Asociación de cuidadoras/es, familiares y amigo/as de personas con dependencia, Alzheimer y otras demencias, que ha acompañado a AFFA a lo largo de su recorrido y que, también hoy, ha querido mostrar su apoyo.
La adopción se estas medidas supondrá paralizar temporalmente el proceso de información y contacto con las familias iniciado por la empresa adjudicataria que todavía no ha comenzado a prestar servicios.
Ahí han radicado las dificultades para adoptar la decisión anunciada este jueves, reconoce Teresa Cabrera, confiada en que pronto se adopten medidas conducentes a que pueda iniciarse la atención cuanto antes, con garantías. “La acreditación es el último cinturón de seguridad que tienen las entidades del tercer sector y la población para recibir los servicios con calidad”, concluyeron.