AM-CC recrimina al Estado el trato discriminatorio hacia los saharauis en la regularización de personas migrantes

Asamblea Majorera – Coalición Canaria Fuerteventura ha recriminado al Gobierno del Estado español el trato discriminatorio hacia el pueblo saharaui en el proceso de regularización de personas migrantes aprobado este martes por el Consejo de ministros, al dejar fuera a los solicitantes del estatuto de apatridia, un colectivo formado en su mayoría (96%) por personas procedentes del Sáhara Occidental.

El partido pide explicaciones al Ejecutivo central y se suma a las denuncias realizadas por juristas y por organizaciones sociales saharauis, así como por el movimiento Regularización Ya, impulsor de la iniciativa, que ha confirmado la exclusión de este colectivo tras el dictamen del Consejo de Estado.

Según señalan, esta decisión ha sido adoptada a pesar de la existencia de alternativas viables para su inclusión. En base a estos hechos, Asamblea Majorera – Coalición Canaria cuestiona la hipocresía de esta nueva actuación del Gobierno de España que “evita abordar una situación que afecta directamente al pueblo saharaui para no molestar a Marruecos”.

Por este motivo, la formación anuncia que impulsará una iniciativa en el Parlamento autonómico para instar al Gobierno de Canarias a interceder ante el Estado con el fin de incluir a las personas solicitantes del estatuto de apatridia en el proceso de regularización, en condiciones similares a las de los solicitantes de asilo, “que sí han sido incluidos”, apuntan.

Desde AM-CC subrayan que están a favor de la regularización, pero que no se entiende el trato diferenciado hacia este colectivo saharaui, al que, “sin motivo jurídico aparente, se le impide regularizar su situación”.

“En el partido nos preguntamos como una medida que nace para dar salida a solicitantes de asilo que no encajaron en la reforma anterior y regularizar a personas en situación administrativa irregular genera un agravio comparativo al excluir a quienes solicitan el estatuto de apátrida, cuando se trata de una situación jurídica similar a quienes solicitan el asilo”, apuntan desde el partido.

“Esto supone que los solicitantes de asilo que no han obtenido respuesta podrán acogerse a esta autorización de residencia, mientras que los solicitantes del estatuto de apátrida que se encuentran en la misma situación jurídica quedan excluidos”, agregan.

Además, recuerdan que, a diferencia de los solicitantes de asilo, que pueden acceder al mercado laboral a los seis meses, las personas solicitantes de apatridia no cuentan con autorización para trabajar, lo que dificulta su integración y estabilidad.

“España tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui y no puede seguir dándole la espalda por razones políticas: no se trata solo de una cuestión administrativa, sino de justicia y dignidad para un pueblo que lleva décadas esperando respuestas. No se puede apelar a la justicia y a los derechos mientras se deja fuera a quienes se encuentran en una situación de igual vulnerabilidad”, concluyen.