Cofradías de Canarias: "La flota artesanal canaria, en peligro de muerte por el plan experimental de cerco industrial aprobado en ICCAT”

Sector pesquero canario

El documento aprobado autoriza un  plan experimental de pesca con cerco industrial  y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo  en aguas del archipiélago.

El sector pesquero canario, ha levantado la voz de forma unánime para lo que considera una de las decisiones más preocupantes de los últimos años para el futuro de la actividad en el archipiélago.

La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canari as, la Federación Provincial de S/C de Tenerife y la Federación Provincial de Las Palmas, han expresado "su más rotundo y unánime rechazo  a la propuesta impulsada por la Secretaría General de Pesca y presentada por la delegación de la Unión Europea en las reuniones de ICCAT celebradas el pasado mes de noviembre en Sevilla". 

El documento aprobado autoriza un  plan experimental de pesca con cerco industrial  y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo  en aguas del archipiélago. Esta iniciativa  siempre ha contado, “y sigue contando” con la desaprobación absoluta del sector pesquero canario , tal y como el sector trasladó en su momento a la empresa que promovió inicialmente esta idea ante el sector local, y como posteriormente se reiteró de forma clara a la propia Secretaría General de Pesca durante el transcurso de la s reuniones de ICCAT. 

Sin respaldo de Canarias: ni del sector, ni del Gobierno Regional 

Para más inri, ni el sector , ni el Gobierno de Canarias en materia de pesca fueron consultados ni informados de la intención de que dicha iniciativa sería presentada POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA  para incluirla en el mandato de negociación de la Unión Europea en ICCAT.  

Resulta inaceptable  que una propuesta de esta magnitud e impacto, que compromete de manera crucial  y directa  al futuro de las pescas en Canarias, se haya propuesto de esta manera. 

Este proceder, sin la previa aprobación y visto bueno del sector local que desarrolla su actividad en aguas de una región ultraperiférica especialmente sensible y frágil, y sin la  obligada coordinación con el Gobierno de Canarias,  vulnera a nuestro juicio los principios de consulta y participación establecidos en la legislación vigente .

En concreto,  el artículo 7 de la Ley 5/2023, de pesca sostenible e investigación pesquera, establece que los requisitos adicionales para el acceso a los recursos pesqueros, como los contemplados en un plan piloto de estas características, deben fijarse “previa consulta  a las comunidades autónomas y al sector pesquero afectado” .

La ausencia total de dicha consulta contraviene de manera evidente esta obligación legal básica de cooperación y participación, desatendiendo además las competencias que el Estatuto de Autonomía  de Canarias reconoce a la Comunidad Autónoma en la gestión de la actividad pesquera que se desarrolla en su ámbito territorial.