Vivienda gestiona la compra de 280 viviendas para alojar a las familias que han perdido sus casas por el volcán

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El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy que su departamento gestiona ya la adquisición de un total de 257 viviendas de nueva construcción, acabadas o a punto de terminarse, en la isla de La Palma para hacer frente a la emergencia habitacional de cientos de familias que se han quedado sin hogar a causa de la erupción el pasado domingo de un volcán en la zona de Cumbre Vieja. A estas casas se unirán otras 23 viviendas de una nueva promoción que el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) está finalizando en el municipio de El Paso y que cederá para hacer frente a esta emergencia habitacional.

El consejero regional asegura que la empresa pública Visocan, dependiente de la Consejería, está realizando un análisis sobre el terreno para localizar y contactar con todos los propietarios de viviendas vacías que hay en la isla en estos momentos. Fruto de este trabajo se ha determinado que puede comprarse y ponerse ya a disposición de los vecinos afectados un primer lote de algo más de un centenar de viviendas en el próximo mes de octubre. Además, el personal de Visocan también ha localizado una docena más de promociones que sumarían al menos otras 150 viviendas que podrían estar disponibles para finales de año o principios de 2022.

“Nos toca trabajar para atender en este caso la emergencia habitacional, que es nuestro principal objetivo, y llevamos ya desde hace algunos días trabajando en esa dirección para intentar buscar una solución lo antes posible”, señaló Sebastián Franquis, “con los contactos que estamos manteniendo con propietarios de viviendas semiacabadas y acabadas creemos que se podría afrontar la emergencia habitacional más inmediata que estamos viviendo, aunque la realidad hay que irla midiendo semana a semana, por eso seguiremos buscando viviendas y si el número de personas sin casa aumenta, pondríamos en marcha otras alternativas con las que ya contamos”.

El consejero regional destacó la colaboración de estos propietarios, entre los que se encuentra una entidad bancaria, para ofrecer sus viviendas a requerimientos del Gobierno. Para iniciar esta adquisición urgente de nuevos hogares la Consejería dispone de una partida cercana a los tres millones de euros de fondos propios, a los que habría que sumar las partidas específicas para vivienda que lleguen de la UE y del Gobierno de España, que ya ha anunciado la aprobación de un Real Decreto para ayudar a La Palma. “Estamos a la espera de que se apruebe ese Real Decreto el próximo martes que será fundamental para la reconstrucción, ya que desde el Ministerio nos han adelantado que incluirá un paquete de medidas para agilizar las ayudas, así como la compra de vivienda y para agilizar también la propia construcción de viviendas en un futuro”, añadió.

Franquis destaca también que la gran mayoría de los desalojados de estos días por la erupción del volcán de Cumbre Vieja han sido trasladados a alojamientos turísticos, y a muchos de ellos el Gobierno de Canarias estudia también ofrecerles una vivienda provisional para cubrir sus necesidades más urgentes hasta darles una solución definitiva con un nuevo hogar. Esta solución provisional pasaría por la adquisición, por la vía de urgencia, e instalación de módulos o casas prefabricadas. La Consejería ya ha pedido presupuesto y plazos de entrega a varias empresas especializadas en este tipo de viviendas prefabricadas para, si fuera necesario, instalarlas en La Palma de manera provisional.

“Lo fundamental ahora es la compra de viviendas, para atender la emergencia habitacional, si se extiende el problema y son muchas más viviendas habrá que plantearse también la opción de las casas prefabricadas de las que ya contamos con un presupuesto y un estudio de disponibilidad por si hicieran falta”, aseguró el consejero regional.

Sebastián Franquis anunció además que el próximo lunes mantendrá una reunión en La Palma con el Cabildo y los alcaldes de los tres municipios más afectados (El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte) para tratar asuntos relacionados con la reconstrucción de las infraestructuras viarias dañadas por el volcán, pero sobre todo, para gestionar las nuevas viviendas que necesitarán las familias que han perdido sus hogares debido a los efectos del volcán, y la disponibilidad de suelo que tienen esos ayuntamientos para construir nuevas casas en su territorio.