Podemos Canarias presenta un plan de vivienda universitaria "para acabar con el problema del alojamiento en solo tres años"
La verdadera prueba de acceso a la universidad ya no es la PAU sino encontrar una habitación que una familia pueda pagar. Miles de jóvenes canarios consiguen una plaza cada año, pero muchos terminan renunciando a estudiar o cambiando de carrera porque el alquiler se ha convertido en una barrera insalvable. Para cambiar esta realidad, Podemos Canarias ha presentado un Plan de Vivienda y Residencia Universitaria con el objetivo de crear 4.000 nuevas plazas públicas en tres años, reducir el coste del alojamiento hasta 250 euros al mes y garantizar que estudiar vuelva a depender del esfuerzo y no del dinero.
La situación actual evidencia la magnitud del problema. Canarias cuenta con 40.878 estudiantes universitarios, de los que 8.900 necesitan desplazarse para cursar sus estudios. Sin embargo, las universidades públicas solo disponen de 996 plazas de residencia, lo que deja un déficit de 7.904 plazas y obliga a miles de jóvenes a competir por habitaciones que rondan los 400 euros mensuales. Para muchas familias, estudiar fuera de casa puede suponer un coste de hasta 42.200 euros durante una carrera universitaria.
El plan combina medidas inmediatas y soluciones estructurales. Incluye ayudas directas al alquiler para estudiantes sin plaza pública, una Bolsa Pública de Habitaciones Seguras, una Ley Canaria de Alojamiento Universitario para acabar con los contratos abusivos y las expulsiones en verano, y la construcción de dos grandes ciudades universitarias públicas, una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Para hacerlas realidad se priorizará el uso de suelo público y universitario, recurriendo a la expropiación únicamente como último recurso, con todas las garantías legales y sin afectar a viviendas familiares ni pequeños propietarios.
La coordinadora autonómica de Podemos Canarias, Noemí Santana, aseguró que "la mayor injusticia que puede sufrir una sociedad es decirle a un joven que ha conseguido entrar en la universidad que no podrá estudiar porque no puede pagar una habitación. El talento no puede depender de la cuenta corriente de una familia".
Santana añadió que "mientras miles de estudiantes compiten por menos de mil plazas públicas y pagan alquileres imposibles, Canarias tiene suelo público y herramientas legales para actuar. Este plan demuestra que ninguna persona debería renunciar a la carrera de sus sueños por motivos económicos".
La propuesta fija como meta duplicar las plazas públicas durante el primer año y alcanzar cerca de 4.000 en tres años, con el objetivo de que el derecho a estudiar deje de depender del lugar donde se nace o del dinero que tenga cada familia.