El Gobierno de Canarias aprueba medidas fiscales y ayudas para paliar el impacto de la crisis internacional
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que recoge un conjunto de medidas fiscales, económicas y ayudas directas con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio. La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y deberá ser convalidada posteriormente en el Parlamento autonómico.
El paquete de medidas adapta al archipiélago las actuaciones recogidas en el Real Decreto-ley estatal 7/2026, que no son de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico, y busca reforzar la respuesta socioeconómica en un territorio especialmente vulnerable por su condición de región ultraperiférica.
El coste estimado de estas actuaciones asciende a 29,8 millones de euros, pudiendo alcanzar los 60 millones anuales si la situación se prolonga.
Entre las principales medidas destaca la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluyendo combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña, con el objetivo de contener la subida de precios y aliviar el coste para familias y empresas.
Además, se incrementa hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, una medida orientada a reducir el impacto de los costes en sectores clave para la economía del archipiélago.
El decreto también amplía la lista de productos básicos que tributan al 0% de IGIC, incorporando la sal, la mantequilla y el café, con el fin de aliviar la carga económica sobre los hogares.
En el ámbito de los autónomos, la norma eleva hasta los 50.000 euros el límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, lo que permitirá reducir cargas fiscales y administrativas. Esta medida tendrá carácter voluntario y contará con un régimen transitorio para facilitar su aplicación a partir de julio de 2026.
Asimismo, se contempla una dotación adicional de 7,2 millones de euros para apoyar al sector industrial y al sector primario, con el objetivo de compensar el incremento de los costes energéticos y de producción.
El Gobierno de Canarias subraya que este decreto ley permite ofrecer una respuesta inmediata adaptada a las singularidades del archipiélago en un contexto de incertidumbre internacional, y destaca la necesidad de que futuras medidas estatales incorporen mecanismos que tengan en cuenta las especificidades de las islas.