La comisionada de Transparencia alerta: "En Fuerteventura queda un trabajo importante por hacer"
La transparencia avanza en Canarias, pero no al mismo ritmo en todas las islas.
“Fuerteventura tenemos que hacer un esfuerzo importante para seguir mejorando la transparencia si lo comparamos con los datos en relación a otras islas”, señaló García Leal con contundencia.
Entre las corporaciones majoreras, destaca el Cabildo de Fuerteventura; una de las mejor valoradas con una puntuación de 9,28 en la última evaluación.
Puerto del Rosario ha escalado hasta un 8,51 tras partir de un 2,18, y Pájara se sitúa en 6,33. La Oliva ha alcanzado un 5,77 después de partir prácticamente de cero y Tuineje se ha mantenido en los años en torno al seis.
Pero Antigua se mantiene rezagada con el suspenso sostenido en el tiempo, rondando el 3 de puntuación mientras que Betancuria ni siquiera presentó su informe en la última evaluación.
En el caso de Betancuria, García Leal explicó que el alcalde de la Villa, Enrique Cerdeña, manifestaba a la Comisionada la dificultad de personal que tiene el propio ayuntamiento para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Una situación que García Leal manifestó entender manifestando que "también hay otro derecho que es el derecho de la ciudadanía a que su ayuntamiento sea transparente".
La situación preocupa especialmente en los municipios más pequeños, reconoció, y por ello, "nuestro objetivo siempre va a ser y vamos a trabajar intensamente para la próxima evaluación para que pueda cumplir los inicios, por lo menos para que presente esa evaluación de transparencia y que de manera paulatina vayan mejorando esos índices”, subrayó.
Una nueva ley... con sanciones
El actual marco normativo, aprobado en 2014, no contempla medidas coercitivas frente al incumplimiento. Suspender en Transparencia en Canarias sale gratis, de momento.
Sin embargo, el Ejecutivo canario ya trabaja en un borrador de nueva ley. “Se va a incluir un régimen sancionador más intenso, no solo para las entidades que no cumplen publicando información, sino también para aquellas que no contestan a la solicitud de información que le hacen los ciudadanos”, desveló la comisionada.
Hasta que esta reforma entre en vigor, el “castigo” sigue siendo la exposición pública. “Lo peor muchas veces es quedar mal en la foto y ser el único ayuntamiento que no cumple con transparencia cuando el vecino de al lado es sobresaliente”.
Transparencia como cultura
El Comisionado de Canarias cumple diez años. Desde 2018 evalúa a cabildos, ayuntamientos, el Gobierno autonómico y, más tarde, a entidades privadas y ONG con fondos públicos. Ahora, por primera vez, partidos políticos, sindicatos y patronales también serán evaluados.
Pero García Leal insiste en que la transparencia no debe verse como un trámite administrativo. “Nos falta que las entidades vean el cumplimiento como algo intrínseco a su actividad, no como un trabajo añadido”.
El reto es que la información llegue al ciudadano y pueda tener acceso a la distinta información como presupuestos, convenios, planes de ordenación o declaraciones de bienes. “Eso les va a posibilitar tener más conocimiento de lo que acontece en la vida pública de su entorno y, sobre todo, fiscalizar el trabajo de sus representantes no solo cada cuatro años, sino en el día a día”, defendió.
Referente nacional
El modelo canario, recordó García Leal, ya ha sido replicado fuera del Archipiélago. “Somos ejemplo para muchas comunidades autónomas. Castilla-La Mancha ha copiado el modelo canario, Murcia está interesada y Asturias nos preguntaba cómo lo hacemos”.
La clave, según la comisionada, es que la transparencia se asuma como un deber natural. “El gran objetivo es que las administraciones sean transparentes de motu proprio, porque al fin y al cabo supondrá esa reconciliación necesaria entre la ciudadanía y las entidades que nos gobiernan”, concluyó.