Canarias estudia medidas fiscales ante el impacto de la guerra y reivindica el decreto Canarias: “Es un balón de oxígeno”
Una escalada de precios "atroz"
“El Gobierno de Canarias ya ha puesto a todos los servicios administrativos, jurídicos y económicos a trabajar para ver cómo podemos, en el ámbito de la fiscalidad, mitigar el efecto que puedan tener productos finales como pueden ser los combustibles”, señaló.
La preocupación se centra, precisamente, en el incremento en el precio del carburante. “Desde que suben los combustibles eso va a provocar un incremento del transporte y desde que sube el transporte toda la materia prima sube y todos los productos finalistas que llegan al consumo de los ciudadanos van a subir de precio”, explicó.
En este contexto, Domínguez advierte de que el escenario internacional puede derivar en una crisis económica aún más severa que la vivida tras la invasión de Ucrania. “Va a haber una escalada de precios de manera atroz. Incluso se habla de que puede ser muy superior a la que se sufrió hace tres años y medio con la guerra de Ucrania y no sabemos si la sociedad está preparada para poder aguantar otra crisis económica en el ámbito social”, afirmó.
En este sentido, el viceconsejero criticó con dureza la falta de respuesta del Gobierno central ante la situación y su negativa a convocar la Conferencia de Presidentes -como habían solicitado Canarias y Euskadi-, con el objetivo de coordinar medidas y contener el impacto de la guerra a nivel económico, y social.
“España lleva tres años sin presupuesto y eso ha llevado a las administraciones a mantener un techo de gasto por debajo de su capacidad de inversión”, indicó.
A su juicio, esta situación limita la capacidad de reacción de las comunidades autónomas ante una crisis económica que pudiera ser de gran magnitud.
Por el momento, no hay medidas fiscales concretas anunciadas para Canarias, aunque el Ejecutivo autonómico estudia posibles ajustes en la fiscalidad que gestiona; especialmente en ámbitos como el tramo autonómico del IRPF o impuestos propios, "con el fin de amortiguar el impacto que pueda tener la subida del combustible y de los precios en cadena sobre la economía".
Según indicó, las medidas que puedan adoptarse no serían generalizadas, sino dirigidas a los sectores más afectados, para evitar comprometer la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia.
Decreto Canarias o "decreto Ángel Víctor Torres", por el bien de los canarios
En este escenario, el Ejecutivo canario sitúa como pieza clave el denominado decreto Canarias, una iniciativa que permitiría reforzar la financiación de los servicios públicos del Archipiélago.
“En este momento estamos negociando lo que es el decreto Canarias, que para nosotros es un balón de oxígeno”, aseguró Domínguez.
El viceconsejero insistió en que esta medida permitiría disponer de recursos para afrontar áreas esenciales como la sanidad, la dependencia, el transporte o la vivienda.
“No estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de los canarios y las canarias que necesitan acceso a una vivienda digna o mejorar los servicios públicos”, subrayó, instando al Partido Socialista a respaldar esta medida que cuenta con gran apoyo en el Parlamento. “Si quieren que no lo llamen decreto Canarias, que lo llamen decreto del archipiélago o incluso decreto Ángel Víctor Torres”, subrayó.
5.000 viviendas públicas en construcción, en la presente legislatura
Más allá del contexto internacional, Domínguez situó la vivienda como uno de los principales problemas estructurales del Archipiélago. Insistió en situar el origen del actual déficit en la crisis financiera de 2008, cuando la paralización de la financiación bancaria provocó la quiebra de numerosas constructoras y dejó miles de promociones sin terminar; en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas.
Domínguez recordó que la crisis primero, y la posterior Ley Montoro, después, limitaron durante años la inversión pública en vivienda. “Desde el año 2012 -realmente desde el 2008- hasta aproximadamente 2018, en Canarias no se pudo invertir ni un solo euro en la construcción de vivienda pública”, afirmó.
Tras salir la comunidad autónoma del plan económico-financiero que limitaba la inversión, el Gobierno de Canarias volvió a impulsar una estrategia específica y aprobó un nuevo Plan Canario de Vivienda.
Sin embargo, explicó, su desarrollo se ralentizó tras el cambio de gobierno y la posterior adaptación a la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2022.
Según explicó Domínguez, cuando el actual Ejecutivo regresó al Gobierno en 2023 se encontró el escenario prácticamente igual que lo había dejado, aunque "con una presión mucho mayor sobre el mercado residencial".
Por eso, defiende, se ha apostado por afrontar el problema con medidas estructurales y no con soluciones a corto plazo. “La decisión era si queríamos hacer políticas cortoplacistas para tener rendimiento electoral o atajar el problema de la vivienda con medidas estructurales”, explicó Domínguez.
Entre las medidas adoptadas destacan la modificación de la normativa para impulsar la construcción masiva de vivienda protegida, el aumento de la inversión pública y la movilización de suelo por parte de ayuntamientos y cabildos.
Actualmente hay más de 4.000 viviendas públicas en construcción o prácticamente finalizadas, y el objetivo del Ejecutivo es cerrar la legislatura con unas 5.000 viviendas públicas en marcha.
A esta cifra se suma la movilización del sector privado mediante incentivos como la posibilidad de invertir la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en vivienda. Según Domínguez, esta medida ha permitido que el sector privado tenga ya alrededor de 3.000 viviendas en construcción, con previsión de alcanzar las 4.000 antes de que finalice la actual legislatura.
12 años de residencia en Canarias para optar a una vivienda pública
Pese a estos avances, el viceconsejero reconoció que el reto sigue siendo enorme.
En Canarias existen actualmente más de 25.000 demandantes de vivienda de protección oficial, lo que obliga a combinar inversión pública y privada para ampliar el parque residencial y a establecer medidas como ayudas al alquiler o seguridad jurídica para incentivar la puesta en el mercado de viviendas que ahora están vacías.
El viceconsejero también se refirió a los cambios en los requisitos para acceder a una vivienda pública. Según explicó, el Gobierno ha modificado el sistema de adjudicación para abandonar el modelo de sorteo aplicado durante años y volver a un sistema de baremo social que priorice las situaciones de mayor necesidad.
Además, se plantea exigir un mínimo de 12 años de residencia en Canarias para poder optar a una vivienda de protección oficial, con el objetivo de priorizar a quienes llevan más tiempo residiendo y contribuyendo en las Islas.
Con más de 25.000 demandantes de vivienda pública en Canarias, el Ejecutivo autonómico insiste en que el objetivo es mantener el ritmo actual de construcción y ampliar las bolsas de suelo disponibles para nuevas promociones.
Según concluyó Domínguez, si se logra sostener este crecimiento en los próximos años, en torno a 2030 podría empezar a darse respuesta a buena parte de la demanda existente, siempre que se mantenga la colaboración entre administraciones y sector privado para aumentar el parque residencial en el Archipiélago.