Canarias elimina más de 10.000 alojamientos turísticos irregulares de Airbnb tras el acuerdo firmado en abril
El acuerdo alcanzado entre la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y la plataforma Airbnb el pasado 9 de abril ha permitido retirar de la web más de 10.000 alojamientos turísticos que no cumplían con la normativa vigente. Se trata de una de las medidas más contundentes para regularizar la oferta de alquiler vacacional en las islas y garantizar un crecimiento turístico sostenible.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que “lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa, como tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas, ya no está presente en Airbnb y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando”.
Por su parte, la directora de Políticas Públicas para España y Portugal de Airbnb, Sara Rodríguez, subrayó que este acuerdo abre “un nuevo capítulo para la plataforma en Canarias, definido por la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible”. En este tiempo, Airbnb ha notificado a todos los anfitriones la obligación de registrarse y ha ofrecido orientación mediante notificaciones, recordatorios y recursos formativos.
Próximos pasos y nuevo marco legal
El proceso se enmarca en la estrategia previa a la entrada en vigor del Reglamento europeo sobre arrendamientos de corta duración y los procedimientos sancionadores. La siguiente fase se centrará en viviendas sin registro autonómico o estatal.
De León apuntó que “es fundamental conocer las razones por las que determinados alojamientos no han obtenido número de registro. En algunos casos, los defectos pueden ser subsanables y no dar lugar a sanción; en otros, se trata de instalaciones manifiestamente ilegales que deben ser retiradas o clausuradas”.
El Gobierno de Canarias avanza además en la tramitación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, actualmente en el Parlamento autonómico. Esta norma busca dotar a la administración de nuevas herramientas para inspeccionar, sancionar y clausurar instalaciones ilegales, en coordinación con Cabildos, ayuntamientos y la Policía Autonómica.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, recordó que la futura ley permitirá “activar planes de inspección y vigilancia más amplios con el apoyo de los registros de la propiedad”, subrayando que el cumplimiento de la legalidad “no es un capricho, sino la base de la convivencia, la prosperidad y la sostenibilidad de nuestro territorio”.