El Ayuntamiento prepara el traslado de servicios al actual edificio judicial de Secundino Alonso

El Consistorio reorganizará servicios municipales cuando el actual inmueble judicial quede libre tras la construcción del futuro Palacio de Justicia. Hablamos con el alcalde capitalino de desarrollo urbanístico y nuevas promociones residenciales en la capital, mientras el suelo municipal del sector R-1 se cede para un futuro cuartel de la Policía Nacional.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario reorganizará parte de sus dependencias municipales cuando el edificio judicial de la calle Secundino Alonso quede libre tras la puesta en marcha del futuro Palacio de Justicia de Fuerteventura. La medida permitirá concentrar servicios administrativos en el centro de la capital sin necesidad de construir una nueva Casa Consistorial, según explicó el alcalde, David de Vera, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.

Servicios que también ocuparán parte de los 1.500 metros cuadrados de superficie en el Centro Comercial Las Rotondas, como parte del convenio urbanístico que permitió evitar la demolición de la superficie excedente del edificio. En esos locales se ubicará por ejemplo, la Policía Local.

Según recordó De Vera, el proyecto del Palacio de Justicia se encuentra actualmente en fase de licitación y ejecución administrativa previa al inicio de las obras. La nueva infraestructura judicial se construirá en una parcela de más de 5.000 metros cuadrados cedida por el Cabildo de Fuerteventura al Gobierno de Canarias y permitirá unificar en un único edificio los ocho juzgados de la isla, además de dependencias de Fiscalía y servicios de apoyo judicial.

Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución previsto será de unos 24 meses, tras los cuales el edificio judicial actual de la calle Secundino Alonso retornará al Ayuntamiento para su reutilización como espacio administrativo municipal.

El regidor también abordó la cuestión de la vivienda y dio cuenta de la aprobación de distintos planes parciales que están posibilitando desbloquear suelo residencial tras años de espera. Entre ellos, los conocidos como el R-7, el R-11 (La Molina) y el R-1, que se encuentran en distintas fases de tramitación. El plan parcial de La Molina, por ejemplo, llevaba cerca de veinte años pendiente de avance administrativo, subrayó el mandatario.

El Consistorio también ha decidido replantear el uso del suelo municipal del sector R-1, inicialmente previsto para albergar una nueva sede consistorial. El Ayuntamiento ha ofrecido esta parcela para la posible construcción de un nuevo cuartel de la Policía Nacional, al considerarla una ubicación estratégica por su accesibilidad y centralidad dentro del municipio.

En cuanto a la zona de Los Pozos y La Hubara ya se han presentado licencias de construcción, y también se registran avances en áreas industriales como la ampliación del polígono de Risco Prieto, donde se desarrollan movimientos de tierra para nuevas instalaciones promovidas por iniciativa privada.

Otro de los asuntos urbanísticos abiertos es la situación de la urbanización Marlape. El Consistorio ha impuesto multas coercitivas mensuales de 3.000 euros mientras “continúa el diálogo” con la Sareb, titular de los inmuebles, para buscar una solución que permita la reurbanización y legalización de las viviendas si se presenta un proyecto viable.

Durante la entrevista, y a preguntas de la periodista, el alcalde sostuvo que el  Ayuntamiento de Puerto del Rosario mantiene el servicio veterinario de urgencias las 24 horas para animales abandonados y asilvestrados, dentro de sus competencias en bienestar animal.

El alcalde reconoció la preocupación existente en la isla por la falta de un servicio de urgencias veterinarias para mascotas con propietario y señaló que se están manteniendo contactos con el Colegio de Veterinarios y otras administraciones para buscar fórmulas de colaboración.

No obstante, recordó que la regulación y financiación de este servicio corresponde principalmente al Estado y al Gobierno de Canarias, por lo que cualquier solución deberá contar con coordinación institucional y apoyo económico suficiente.