NC-BC denuncia que el nuevo decreto de dependencia “deja atrás” a Fuerteventura
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, ha criticado el nuevo decreto de dependencia impulsado por el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, al considerar que no resuelve los problemas estructurales del sistema y perpetúa la desigualdad territorial, especialmente en islas como Fuerteventura.
La parlamentaria, portavoz en materia de políticas sociales de su grupo, advirtió de que la nueva normativa mantiene sin solución la falta de recursos y las dificultades de acceso a los servicios de cuidados en el archipiélago. En este sentido, señaló que Canarias continúa enfrentándose a un sistema “desbordado”, con miles de personas en lista de espera y situaciones en las que, pese a tener reconocido el derecho, la atención no llega a materializarse.
Santana criticó que el Ejecutivo autonómico recurra a decretos de urgencia sin abordar el debate de fondo. “Canarias no puede seguir siendo gobernada a base de decretos que evitan analizar cómo construir una red pública de cuidados que llegue a todos los rincones del archipiélago”, afirmó.
El nuevo decreto, que modifica la normativa de 2023 sobre prestaciones de dependencia y la Ley de Servicios Sociales de 2019, será debatido para su convalidación en el pleno del Parlamento de Canarias la próxima semana.
Aunque la diputada valoró algunos aspectos positivos, como el aumento de las cuantías o la compatibilidad de prestaciones, expresó su preocupación por la creación del denominado Grado III+ de dependencia extrema. Según explicó, esta ayuda podría convertirse en una “pesadilla burocrática” para las familias, al exigir la justificación detallada de los gastos bajo riesgo de suspensión o devolución de las prestaciones.
Fuerteventura, en el centro de la crítica
Natalia Santana centró parte de su intervención en la realidad de Fuerteventura, donde, a su juicio, el decreto evidencia una clara desigualdad territorial. La norma permite contratar servicios o gestionarlos directamente, pero, según denunció, en muchas zonas de la isla no existe una red suficiente de empresas de asistencia personal o ayuda a domicilio.
Municipios como Pájara o Tuineje, así como áreas de Puerto del Rosario, carecen de recursos suficientes, lo que obliga a las familias a asumir tareas que, en su opinión, corresponden a la administración.
“¿De qué sirve reconocer un derecho si no hay servicio disponible? De nada”, cuestionó la diputada, quien alertó de que muchas familias majoreras se ven obligadas a buscar personal, gestionar contratos o asumir responsabilidades laborales sin apoyo institucional.
Para Santana, esta situación genera una doble desigualdad: por un lado, por la falta de recursos del sistema, y por otro, por el hecho de residir en una isla no capitalina. “No puede ser que el acceso a los cuidados dependa del lugar donde vivas”, concluyó.
La parlamentaria insistió en que garantizar estos servicios es una obligación de la administración pública y reclamó un modelo que asegure una atención equitativa en todo el territorio canario.