Lola García respalda la nueva Ley de Cabildos y reclama una planificación energética adaptada a Fuerteventura
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha mostrado su respaldo a la proposición de Ley de Cabildos que actualmente tramita el Parlamento de Canarias, durante su intervención en la Comisión General de Cabildos celebrada este miércoles para analizar diversos asuntos de interés para el Archipiélago.
García defendió que la nueva norma “es necesaria porque viene a actualizar el marco legal de las islas, reflejando la realidad actual y permitiendo que el Estatuto de Autonomía tenga consecuencias reales en la capacidad de gestión de los cabildos”.
Según explicó, Canarias ha evolucionado y los cabildos cuentan hoy con competencias atribuidas directamente por el Estatuto de Autonomía, por lo que la nueva ley permitirá aplicar el mismo régimen jurídico que la administración autonómica en el desarrollo de esas competencias.
Más herramientas para gestionar competencias propias
La presidenta recordó que los cabildos gestionan actualmente ámbitos estratégicos como la ordenación del territorio, el transporte terrestre, los servicios sociales, las políticas de igualdad, los espacios naturales protegidos o el patrimonio histórico.
“Esta responsabilidad exige que contemos con herramientas adecuadas para desarrollar nuestras competencias con eficacia”, señaló García, quien manifestó la disposición del Cabildo majorero a trabajar de forma constructiva para perfeccionar el texto legislativo con diálogo, rigor técnico y coherencia institucional.
Planificación energética: cautela ante la presión de proyectos
Durante la misma Comisión, también se abordó la modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, una cuestión sobre la que Fuerteventura mantiene una postura firme en defensa de una planificación adaptada a la realidad insular.
Lola García insistió en que desde el Cabildo se ha alertado “desde el primer momento” de los riesgos que implica una implantación energética sin límites claros ni planificación insular específica, especialmente en un territorio frágil como Fuerteventura, donde la presión de proyectos es superior a la media regional.
Aunque reconoció que el decreto-ley 1/2026 introduce mejoras y ciertos filtros respecto al modelo anterior, la presidenta advirtió de que la reforma “no devuelve la competencia plena a los cabildos en materia de planificación energética ni establece límites insulares al número de proyectos”.
En este sentido, reclamó seguir perfilando la propuesta para garantizar una planificación energética basada en criterios técnicos y objetivos. “No podemos permitir que Fuerteventura sea acribillada de norte a sur con infraestructuras energéticas sin una visión global, con el consiguiente daño paisajístico y medioambiental”, afirmó.
La presidenta concluyó reiterando el compromiso del Cabildo con una transición energética responsable, pero ajustada a la capacidad real del territorio y respetuosa con el modelo insular.