CCOO alerta de movilizaciones en Canarias ante la reestructuración del reparto en Correos
Las CCOO ha advertido de posibles movilizaciones en Canarias —en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife— ante el intento de la presidencia de Correos, encabezada por Pedro Saura, de implantar una reestructuración del modelo de reparto sin negociación colectiva, con impacto directo en el empleo y en la prestación del servicio público.
Según el sindicato, el denominado “Nuevo Modelo Operativo” no persigue mejorar la eficiencia ni la calidad del servicio, sino reducir costes para equilibrar las cuentas de la empresa. La iniciativa afectaría a cerca de 28.000 carteros y carteras en todo el país y conllevaría cierres de centros, traslados, cambios de localidad y recortes de plantilla.
En el caso de Canarias, CCOO señala que las tres pruebas piloto anunciadas forman parte de un plan estatal más amplio, estructurado en varias fases, cuya primera etapa prevé hasta 71 pruebas en todo el territorio nacional. La concentración de tres de ellas en el Archipiélago, advierte el sindicato, anticipa una implantación generalizada que podría impactar directamente en más de 600 trabajadores y trabajadoras del reparto en las islas.
El sindicato denuncia que el nuevo modelo se está imponiendo de forma unilateral y opaca, al margen de la negociación colectiva, sin documentación previa ni evaluación de consecuencias sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación o la igualdad. Entre las medidas previstas, CCOO alerta de la introducción de recorridos variables fijados por algoritmos, la no cobertura de ausencias y una política de contratación cero que incrementa la carga de trabajo de la plantilla existente.
Desde la organización sindical se advierte también de un posible deterioro del servicio postal público, con retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial, lo que afectaría a la ciudadanía, las empresas y las instituciones.
Ante este escenario, CCOO exige la paralización inmediata de las pruebas piloto y la apertura de una negociación estatal real. Asimismo, reclama el cumplimiento de compromisos pendientes como el plan de incentivos, la reducción de la jornada a 35 horas y la convocatoria de una oferta de empleo público. De no producirse avances, el sindicato no descarta acudir a la vía judicial y activar movilizaciones en defensa del empleo y del servicio postal público.