La ACBC acusa al Gobierno de Canarias de incumplir la Ley de Bienestar Animal
La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) ha acusado al Gobierno de Canarias de incumplir la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, al no haber aprobado aún un protocolo marco para la implantación de programas de gestión de colonias felinas por parte de los ayuntamientos.
Según el colectivo, esta falta de desarrollo normativo está provocando la proliferación incontrolada de colonias felinas sin autorización y la aprobación de ordenanzas municipales que, a su juicio, no incorporan criterios específicos para evitar daños a la fauna endémica.
Riesgo para la biodiversidad
Desde la ACBC advierten de que la situación resulta especialmente preocupante en colonias ubicadas en las proximidades de espacios naturales protegidos o en áreas donde habitan especies amenazadas susceptibles de ser depredadas por gatos asilvestrados. Entre los ejemplos citados figuran los lagartos gigantes de La Gomera, El Hierro y Tenerife, así como distintas colonias de aves marinas.
El colectivo considera que la ausencia de un protocolo autonómico claro está generando disparidad de criterios entre municipios y una falta de herramientas técnicas para compatibilizar la protección animal con la conservación de la biodiversidad.
Exigencia de un protocolo autonómico
La asociación recuerda que el artículo 40 de la Ley 7/2023 establece que corresponde a las comunidades autónomas elaborar protocolos marco con los procedimientos y requisitos mínimos que sirvan de referencia para la implantación de programas de gestión de colonias felinas en los municipios.
Dichos protocolos deben contemplar aspectos como:
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Métodos de captura.
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Criterios de registro de colonias e individuos.
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Procedimientos de esterilización.
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Directrices para la formación de policías locales y personas cuidadoras.
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Criterios específicos para evitar efectos significativos sobre la biodiversidad circundante.
Para la ACBC, este último punto es “especialmente relevante”, ya que la ley obliga a incorporar medidas que minimicen el impacto de las colonias felinas sobre especies protegidas y ecosistemas sensibles.
Programa regional de protección animal
Además, la asociación señala que el artículo 22 de la misma ley contempla la obligación de las administraciones públicas de aprobar programas territoriales de protección animal que incluyan medidas de esterilización, prevención de enfermedades, educación contra el abandono, control de la identificación de animales y aplicación del régimen sancionador.
En este sentido, la ACBC solicita al Gobierno de Canarias no solo la aprobación urgente del protocolo para la gestión de colonias felinas, sino también el desarrollo de un programa regional de protección animal que tenga en cuenta de forma expresa la conservación de la biodiversidad.
El colectivo concluye que la aplicación efectiva de la ley debe buscar un equilibrio entre la protección de los animales y la defensa del patrimonio natural canario, especialmente vulnerable por su elevado número de especies endémicas.